En las democracias consolidadas, es decir, donde las instituciones políticas a través de las cuales éste sistema se expresa, los partidos políticos constituyen un instrumento vital para su correcto y eficaz funcionamiento.
La ciudadanía define su militancia con ellos a partir de sus fundamentos ideológicos y programáticos, dirigidos a interpretar sus anhelos y aspiraciones de progreso y bienestar tanto individual como colectivo.
Existen numerosos ejemplos hoy en el mundo donde la fortaleza de los partidos políticos sostienen la tradición democrática, a pesar del desgaste normal del sistema que al mismo tiempo permite los ajustes necesarios para su continuidad y permanencia.
Hoy nadie puede poner en duda que la democracia es el único sistema político que garantiza los derechos fundamentales del ciudadano como son los de la libertad, la justicia, la seguridad y la convivencia social; los cuales son inexistentes o están seriamente restringidos o amenazados en los regímenes autoritarios y dictatoriales.
En nuestra tradición republicana, justamente a propósito de la efemérides de la primera constitución de 1.821 que estamos celebrando en éstos días, conviene recordar que la democracia es producto del pacto social insertado en la constitución que como norma de normas, establece y garantiza tales derechos para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.
Todo este preámbulo lo traigo a colación con el fin de referirme en sentido crítico a la nueva explosión de partidos políticos que la Corte Constitucional está reviviendo en sus recientes sentencias.
No me cabe la menor duda en que tal explosión, bajo el prurito muy discutible de estimular o afianzar la democracia de representación política, es hoy totalmente inconveniente, pero que además, le hace el juego al clientelismo personalista de nuestros dirigentes o líderes políticos que se aferran a mantener sus privilegios e intereses mezquinos, fuente principal de la galopante corrupción que hoy padecemos.
Para nadie puede ser un secreto que tales colectividades políticas hoy reivindicadas por la ligereza de la Corte, serán el instrumento eficaz para el otorgamiento de avales que se negocian al mejor postor, en el propósito de habilitar listas y coaliciones de candidatos al Congreso.
Con los que ya tenemos más los movimientos sociales que permiten inscribir candidatos por firmas, es más que suficiente para que la democracia de participación política funcione a Cabalidad, aunque como lo estamos viendo y padeciendo, la han convertido en un gran negocio que sólo beneficia a sus protagonistas.
