Claudia Esperanza Amaya Vargas habría participado en un detrimento patrimonial para la entidad que alcanzó los $399 millones.
Ante un juez de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a Claudia Esperanza Amaya Vargas, funcionaria de Cancillería, quien no admitió su responsabilidad.
Entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, cuyo valor total ascendió a $828 millones, para adquirir y poner en funcionamiento de un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos acorde a las guías dispuestas por el Archivo General de la Nación. Dado lo anterior, se tendrían que haber ejecutado contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema.
Entre las irregularidades advertidas se constató que los tres contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes y que la señora Amaya Vargas, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, a pesar de que el objeto no se cumplió a cabalidad. La procesada no habría realizado ninguna recomendación ni observaciones que permitieran evidenciar tal incumplimiento.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía indicaría que la investigada posiblemente se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores, otorgando paz y salvos de los convenios en mención, sin que se ejecutaran. En ese sentido, la
entidad sufrió un detrimento patrimonial por valor de $399 millones. En el marco de este mismo proceso, serán imputados también otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
