El interés general de una sociedad está comprometido en que se administre justicia, que se de a cada cual lo suyo; si hay delitos en que se castigue a los responsables y se absuelva a los inocentes; en que no haya espacio para la impunidad. La Corte Penal Internacional fue creada por el Acuerdo de Roma, suscrito en forma multilateral por muchos países de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de asumir las investigaciones y juzgamiento, en forma subsidiaria, cuando los respectivos países no lo hagan, con el propósito de que los delitos de lesa humanidad no queden impunes.
Para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, se creó ad latere una Fiscalía, que es la que debe llevar a la Corte los asuntos de su competencia, cuando estime que hay mérito para ello. El actual Fiscal, recientemente designado es el abogado inglés Karim Khan, quien estuvo de visita la semana pasada en nuestro país, firmando acuerdos y anunciando cierres, a los que queremos hacer referencia en esta columna.
Lo primero que llama la atención es la gran confusión de muchos medios de comunicación, que dieron por sentado que quien estaba en el país y quién toma la decisión de archivar la investigación iniciada hace 17 años, por posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia, era la Corte Penal Internacional. Gran dislate; el Fiscal no representa la Corte, ni siquiera es miembro de ella y Colombia no comete delitos; los investigados son sus ciudadanos por hechos cometidos en Colombia, donde sus Tribunales no hayan cumplido con la debida justicia y por ello se provoque la competencia de la Corte Penal Internacional.
El segundo hecho que llama la atención, no es que la Fiscalía archive una investigación, a lo mejor no vio suficiente mérito para continuarla; pero de allí a que venga a un país, a hacerlo en forma de un acuerdo, con un Gobierno, con compromisos de parte y parte, como si se tratase de un logro de política internacional, es todo un disparate, y deja mucho que pensar, de la independencia que debe mostrar un funcionario independiente para llevar los casos ante la Corte. Mas equivocado aún, que el Gobierno acepte esa ordalía, para mostrarla como un logro de sus políticas de justicia. O lo que es peor, que salga la JEP a señalar que todo fue gracias a su labor, que hasta el momento no cuenta con una sola sentencia.
Siempre será buena noticia que en el país haya menos delincuentes que los que imaginamos y que nos convenzan de que los falsos positivos no van a quedar impunes; sin embargo, no se puede perder de vista que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que independiente de lo que piense y acuerde este Fiscal, siempre podrán investigarse y sancionarse; si no es acá en Colombia, que sería lo ideal, pues tendrá que ser en las instancias del Tribunal Internacional.
