Inevitable y necesaria polémica ha generado la absurda decisión del congreso al aprobar el artículo 125 de la Ley Ordinaria de Presupuesto para la vigencia del 2022, con el cual se suspende la vigencia del inciso primero del artículo 38 de la Ley Estatutaria 996/05 o ley de garantías electorales; dado que se trata de eludir expresas prohibiciones legales relacionadas con la utilización del conocido mecanismo de realizar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Muchos de los actuales congresistas que aspiran a su reelección votaron favorablemente dicho artículo, a sabiendas de que serán los principales beneficiarios; pues para nadie es un secreto que, con tales mecanismos los gobernadores y alcaldes ejecutan miles de millones del presupuesto, eludiendo en forma cínica la transparencia en la contratación, pues con ella se pactan los peajes o coimas que van a financiar buena parte de los gastos de sus campañas.
Pero lo más inaudito es que el presidente Duque haya apoyado dicha iniciativa en su trámite, así como su afirmación populista y mentirosa, según la cual era indispensable para estimular la reactivación económica y evitar la parálisis de la inversión pública en las regiones.
Con este peregrino argumento veremos la gran feria de recursos públicos, nada menos que 4.2 BILLONES, financiando las campañas de los amigos del gobierno nacional y de gobernadores y alcaldes, en el más descarado clientelismo que ha sido la fuente de la corrupción. Y para engañar incautos, que por fortuna ya son muy pocos, le asignan al Contralor Nacional la vigilancia especial en la contratación y ejecución de los recursos. Todo un chiste digno de sonoras carcajadas.
La discusión de fondo aquí es la siguiente. ¿Acaso tiene más valor ético y de moralidad administrativa pretender la reactivación económica despilfarrando los escasos recursos o garantizar y proteger su correcta ejecución? El principal objeto de la ley es precisamente garantizar la transparencia y defender la correcta expresión de la democracia generando igualdad de oportunidades para los amigos y opositores de los gobernantes de turno. No se discute que la inversión pública es necesaria para generar empleo que contribuya a la reactivación económica. Sin embargo, siendo ella muy importante, está en juego un valor superior representado en la indispensable transparencia y honradez en el destino de tales recursos. No es en vano que la corrupción administrativa y el despilfarro de los recursos tienen indignada a la ciudadanía, tal como se observa en los diferentes sondeos de opinión que se han adelantado en los últimos años.
Los elefantes blancos representados en las obras inconclusas regadas por todo el territorio nacional son la evidencia contundente de la falta de honradez de muchos gobernadores y alcaldes, quienes improvisando obras y proyectos sin la correcta planificación estructural y financiera; destinan enormes recursos que finalmente se quedan en los bolsillos de contratistas y funcionarios corruptos a quienes las contralorías, procuradurías, fiscales y jueces jamás les han castigado ejemplarmente su conducta criminal.
Pero como si lo anterior fuese poco, el presidente y los congresistas tienen que saber una incontrovertible realidad jurídica y constitucional y con cinismo aberrante actuaron contra ella. La ley de presupuesto es una ley ordinaria y en consecuencia no puede en ella modificarse una norma estatutaria. Además, en el reglamento del congreso y en la propia constitución, donde se señala el trámite reglamentario para la aprobación de los proyectos de ley, es imperativo que exista la llamada unidad de materia.
Y ellos saben que la Corte Constitucional declarará la inexequibilidad de tal adefesio jurídico, pero juegan a que primero se harán las elecciones y ya habrá hechos consumados.
Estamos ad-portas de unas elecciones plagadas de dineros públicos para intentar torcer la voluntad democrática de los colombianos que rechazan a la gran mayoría de congresistas que aspiran a su reelección.
COLETILLA.- Sería bueno saber si nuestros actuales senadores y representantes votaron favorablemente este adefesio.
