Si bien en noviembre de 2020, un juzgado de conocimiento confirmó la libertad del expresidente al pasar el caso a la justicia ordinaria tras la renuncia de Uribe a su curul en el Congreso, dejó en firme la imputación de cargos.
Según Jaime Granados, abogado del exmandatario, presentó la tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que ya la admitió, para retirar la imputación alegando que el juez se extralimitó en sus funciones y que contra su apoderado no se realizó una imputación, sino una formulación de cargos y mantenerla o no, era una decisión de la Fiscalía, pero no del funcionario judicial.
El Tribunal Superior de Bogotá remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y a las consideradas víctimas, entre ellas el senador Iván Cepeda, para que se pronuncien, en un día hábil, a favor o en contra de la petición del exmandatario.
La Fiscalía apoya la tutela para que el proceso de Uribe arranque desde cero
Exactamente lo hizo el fiscal Gabriel Jaimes Durán, delegado para el caso de Uribe, quien comparte la inquietud constitucional expuesta por la defensa del exsenador sobre tumbar la imputación de cargos.
“Tales aspectos medulares llevan a este fiscal delegado a estimar razonadamente que la indagatoria realizada dentro del presente asunto a Álvaro Uribe Vélez no puede y debe asimilarse a la audiencia de formulación de acusación (¿no es a la imputación), y a adoptar en ejercicio de las competencias constitucionales y legales, la posición de estimar la inexistencia de una adecuada vinculación jurídica al proceso penal, con el fin de evitar en el futuro, entre otras cosas, una segura nulidad que frustraría la justicia material anhelada por todas las partes e intervinientes”, expuso Durán.
Así mismo, señaló que hubo un desconocimiento que condujo a una afectación de las garantías de defensa y debido proceso del investigado, en este caso de Uribe.
“Es necesario subsanar tal situación con prontitud, por ello expresamente solicitamos con todo respeto al Honorable Magistrado acceder a los términos de la acción de tutela presentada, pues de lo contrario se estaría no solo persistiendo en el desconocimiento de reglas constitucionales y legales, en el agravio de derechos y garantías fundamentales”, señaló el fiscal delegado.
En la tutela interpuesta por Granados, el abogado solicita mantener la libertad de Uribe, considerando que ese ya no es un tema de discusión, y de ese modo, dejar sin efectos la decisión que condicionó a Uribe como ciudadano ya imputado por la justicia.
Otro de sus argumentos de la defensa tiene que ver con que el juez a cargo en la audiencia desconoció que solo la Fiscalía está facultada para imputar cargos y en este caso fue un juez de control de garantías, en segunda instancia, quien dejó en la condición de imputado al exsenador:
“El juez desconoció la atribución que tiene la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal, así como para llevar a cabo el denominado juicio de imputación, el cual es exclusivo de quien funge como Fiscal, aspecto que puede, incluso, considerarse como una violación directa de la Constitución”.
