En su interrogatorio, Juan José Laverde Martínez, representante de Rave Agencia de Seguros, tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la presentación de la propuesta de la Unión Temporal Centros Poblados para recibir el billonario contrato 1043 del 2010 -‘Proyecto 10K’- que adelantó el Ministerio de las TIC en diciembre de 2019.
Laverde cita cómo fueron los momentos previos a esta audiencia y las acciones que tomó Emilio Tapia -quien era la cabeza de la Unión Temporal- con el fin de evitar a toda costa la revocatoria. (…) me confirmó es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla, luego en una reunión posterior cuando ya estalló el escándalo, ya no volvió a mencionar a los DAEZ, sino que mencionaba una posible gestión a través de los Chat para evitar la caducidad (sic)».
Aseguro que Tapia «incluso dijo haber escuchado una conversación con la Ministra (Karen Adudinen) en la cual ella no iba a hacer caso a nada distinto a llevar la caducidad del contrato, mencionó también posterior al escándalo una altísima gestión para evitar la caducidad, incluso estaba convencido de que ésta se iba a evitar o bien por estas gestiones o bien por la autoincriminación de la responsabilidad en la garantía a cargo de Intec de la Costa».
El empresario agregó cómo se ejercieron todas las presiones para que la audiencia fuera suspendida o para evadir la responsabilidad frente a la falsificación de las pólizas. Incluso se planteó la posibilidad de enviarle 100 millones de pesos a un abogado del Banco Itaú para que reconociera la validez de dicho documento.
Frente a estos señalamientos, el ahora exviceministro de las TIC, Iván Mantilla aseguró que estas acusaciones son falsas, negando haber conocido o tenido cualquier tipo de contacto con Emilio Tapia, Juan José Laverde y los demás representantes de la Unión Temporal Centros Poblados.
Desde el 27 de octubre Laverde se encuentra con medida de aseguramiento en su respectivo domicilio esperando el inicio del juicio que se adelanta en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
Es el único de los tres capturados que hasta la fecha no ha mostrado un interés en buscar un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía.
