Es evidente que la gran mayoría de los colombianos no han definido aún el candidato de sus preferencias para la Presidencia de la República. Así lo confirman las diferentes encuestas que se han conocido en los últimos días.
Como consecuencia de lo anterior, el voto en blanco aparece en segundo lugar, hoy en día, en la intención de voto de los ciudadanos, sumado al hecho de la proliferación de precandidatos en los diversos sectores políticos. Sin embargo, está clara la candidatura de la izquierda colombiana de Gustavo Petro. Igualmente, el partido conservador ya definió como su candidato al senador David Barguil por la directiva nacional, la cual será confirmada por la convención estatutaria. En cuanto al Centro Democrático, será anunciado el candidato del partido el próximo 22 de noviembre, mediante el mecanismo de encuesta, entre los cinco precandidatos.
Una vez seleccionado los candidatos de los otros sectores políticos se realizará la consulta interpartidista que aglutinará a los sectores democráticos alrededor de un solo candidato, para participar en las elecciones presidenciales del mes de mayo próximo.
El hecho a destacar dentro de los resultados de las últimas encuestas, es el descenso en la intención de voto por el candidato Petro, como también el creciente desprestigio, a nivel territorial, de los alcaldes de Medellín y Cali y, por supuesto, de la alcaldesa de Bogotá. El rechazo generalizado de la ciudadanía a los mencionados alcaldes, hace factible la aprobación de sus respectivas revocatorias del mandato, propuestas como reacción ante el desastre de sus mandatos.
En la medida en que siga avanzando legítima el proceso de selección de los candidatos únicos de otros sectores políticos, se ira clarificando la intención de voto de los colombianos, la cual seguramente no será distinta a preservar la democracia en nuestro país y a la búsqueda del bienestar colectivo.
ADENDUM. El partido centro democrático sancionará ejemplarmente a los cuatro concejales mermelados, de los ocho elegidos en la ciudad de Medellín, por la violación al régimen de bancadas y a las decisiones adoptadas por el partido. Desde ahora, pierden el derecho de voz y voto al interior del partido, y como representantes del mismo ante la corporación pública.