En reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-, publicado por la revista Semana, se prenden las alarmas por las condiciones oceánicas y atmosféricas que evolucionan desde septiembre de este año hacia los cambios de condiciones del fenómeno de La Niña, el cual finalizará entre marzo y mayo del año 2022, que dejan en inminente riesgo la vida, la integridad y el bienestar de los habitantes de La Mojana, una región vital para la economía nacional.
La Mojana se ha convertido en un territorio de escepticismo, de los mandatarios regionales y de la comunidad afectada por varias décadas de emergencias por las asiduas inundaciones, debido a que se encuentra ubicada sobre variados humedales permanentes y ocasionales que, a la fecha, arroja, aproximadamente, 9.162 damnificados, y por las promesas incumplidas de las distintas autoridades que año tras año le prometen una solución sin que se haya materializado y, contrariamente, nos encontramos con informes que el problema de gris a oscuro, como el que presentó el Fondo de Adaptación respecto del Macroproyecto La Mojana, que cobija 11 municipios, 4 departamentos, 405 mil habitantes y 1.100.000 hectáreas, que no cuenta con recursos necesarios para las obras no esenciales que comprenden la construcción de infraestructura adaptada, programas de desarrollo productivo y el fortalecimiento territorial equivalentes a un total de $2.471 billones, teniéndose financiados tan solo $859 mil millones con una desfinanciación de $1.612 billones.
Esta eterna crisis amerita la intervención urgente del gobierno nacional, desde lo presupuestal, para satisfacer el cumplimiento de las obras desfinanciadas, porque se reitera la flagrante omisión ante una tragedia que podría costar vidas humanas.
Hace algunos días, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, reportaba que los municipios afectados gravemente son San Benito, Guaranda, San Marcos, Sucre y Caimito, advirtiendo que “la solución a esta problemática que han padecido por décadas las comunidades de La Mojana es la construcción de un dique de 57 kilómetros de 32 compuertas para la contención en la margen izquierda del río Cauca.”
Una enmienda integral al problema, conforme a los análisis del Fondo de Adaptación, implica el desarrollo de las siguientes actividades: i) reconexión del río Cauca con el sistema de caños internos de la región de La Mojana a través de 33 estructuras de derivación de agua; ii) rehabilitación del sistema de caños y ciénagas (60.000 hectáreas y 400 kilómetros de caños); iii) reforzamiento de los puntos críticos y mejoramiento del dique existente entre Colorado y Guaranda (50 kilómetros) que permita garantizar que el agua fluya a través de las compuertas y minimice el riesgo de rompimientos; y iv) teniendo en cuenta que se requiere proteger los cascos urbanos de los 11 municipios que conforman La Mojana, se requiere la financiación de 9 de ellos, toda vez que actualmente se encuentra contratada la construcción de las obras de protección contra inundaciones para los cascos urbanos de San Marcos y Magangué, Bolívar.
Por ahora, el Gobierno nacional debe aprovisionar recursos por $3.372 billones que faltan para cubrir la solución estructural del proyecto, indispensable para darle una cura de fondo a esta enfermedad, que, por su naturaleza, no tiene el calificativo de pandemia, pero que, en el mediano plazo podría configurarla, al menos a título de calamidad.
Los moradores de esta linda región, cuando les llegó la crisis del coronavirus Covid-19, ya estaban acostumbrados a vivir una tragedia similar, pero lo que deben saber es que, en esta materia, la costumbre no hace ley, por lo que exhorto a las autoridades, particularmente al Ministerio de Hacienda, a hacer un esfuerzo a favor de muchos compatriotas que requieren una intervención inmediata, porque entre los 4 y 6 meses que faltan de lluvias, esa región y sus habitantes, pueden desaparecer.
Por fortuna, se de primera mano que el señor Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, está preocupado por esta situación y estudia adoptar las medidas de su competencia.
Ante la crítica situación y el inminente riesgo de daños humanos y materiales, mi recomendación desde lo constitucional, es la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica regional por los hechos que constituyen abiertamente una grave calamidad pública que afecta en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país. Bajo esta figura, bastante conocida durante la pandemia, el presidente Duque, con la firma de sus ministros, puede dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, especialmente en materia económica y presupuestal, quedando habilitado para hacer los ajustes necesarios para proveer los recursos que se requieren para las obras perfiladas por el Fondo de Adaptación y las gobernaciones para ofrecer definitivamente una verdadera solución.
No olvidemos que se acercan las fiestas navideñas, las que a más de permitirnos olvidar los grandes problemas nacionales que nos aquejan, algunos de ellos deben clasificarse entre urgentes y necesarios para prevenir un resultado nefasto previsible, ante el cual, si se llegare a causar, no admitiría exclusión alguna de responsabilidad, ni penal, ni disciplinaria, ni fiscal, y mucho menos, moral.
También, ya estamos en el preludio de las campañas políticas, cuyos candidatos ofrecen hasta pavimentar el río Magdalena o el Cauca, que si no se tratara de una utopía física, conjuraría la crisis de raíz, y en ese caso, para qué decretos con fuerza de ley.
