Que los mecanismos de participación ciudadana, hayan sido bien concebidos, utilizados o malversados en todo momento por el elector, hacen parte de ese gran avance que se ha presentado en este argumento de la democracia, como una forma de concurrir los electores, o mejor, los ciudadanos con capacidad de elegir o ser elegidos, a promocionar un cuestionamiento público de quienes han sido elegidos, se haya participado o no, en dicha contienda electoral.
Esa inconformidad tiene que ver necesariamente con ese programa de gobierno, con el cumplimiento de lo que estratégicamente se ha denominado la ejecución del proyecto que llevó a la elección a un alcalde o gobernador.
Que la historia de nuestras comunidades colombianas, ha llegado al punto de que estos procesos de participación ciudadana hayan sido nugatorios o hayan chocado con los mismos electores en la participación posterior a su convocatoria, de la necesidad de cuestionar y replantear la elección del mandatario, tiene muchos puntos positivos y negativos a la vez, pero que incide en forma determinante con un respeto que debe hacerse por este tipo de convocatorias inusuales o de poco contendido ideológico o social.
Afirmamos lo anterior, por cuanto, apenas se inician los cuestionamientos contra un mandatario, de inmediato viene la réplica para advertir que no se está de acuerdo, y salen detractores y defensores en términos inadecuados, a sustentar el sí o el no. Dejando de lado que este es un fenómeno de participación ciudadana, que solo se corresponde en la medida en la que unos y otros, adopten el derecho a disentir de posiciones o de estrategias en el cumplimiento de tales planes de gobierno o en la ejecución de los mismos.
Desafortunadamente siempre hay un sesgo y una forma maliciosa de malinterpretar el comportamiento ciudadano o la idea de quienes en su momento proponen este mecanismo de participación como una fórmula de adecuar las políticas fiscales hacia el cumplimiento de los fines instituidos para ello, como es la ejecución y la defensa de lo público, ante los mecanismos que ya todos conocemos como corrupción, corruptela en todo sentido, que desborda y desquicia el ordenamiento jurídico y que ante la ausencia de entes de control, terminan siendo un argumento válido, para que mediante la revocatoria del mandato se imponga la necesidad de dicho cuestionamiento ante las actividades o actuaciones o actos propios del gobierno que se pretende cuestionar.
En estos momentos, los medios de comunicación, que como sucede en todo pueblo pequeño y a lo largo de la geografía nacional, siempre están de rodillas al servicio del gobernante de turno, por pequeñas migas que recogen de las que quedan una vez efectuado el festín del gran presupuesto entre la corrupción y las formas de manejo personalizada de la administración pública, son quienes hasta último momento se constituyen en los principales defensores de las administraciones locales.
Sea esta la ocasión para demandar, peticionar, exigir y requerir a quienes se inscriban como postulantes de dicho proceso de revocatoria del mandato, al igual que a los periodistas y a los mismos gobernantes y sus equipos de colaboradores, que contribuyan con respeto a atender las opiniones favorables o desfavorables de su administración que tengan la nobleza y la suficiencia ideológica, muy extraña por lo general, de atender y dejar que los procesos democráticos sigan su curso y se apalanquen por el contrario, para que su gestión de gobierno y sus programas y proyectos, se dinamicen y se optimicen de la mejor manera.
Que la revocatoria del mandato de algunos gobernantes en el Huila y en todo Colombia, no sea el distractor para seguir manipulando a la opinión y utilizando los recursos públicos en defensa de algo que en determinado momento es indefendible, y que por inercia y por esa forma cómplice de querer reiterar de que más vale malo conocido que bueno por conocer, terminemos patrocinando o siendo indiferentes a un derecho ciudadano que no hemos sabido entender y comprender para su ejercicio político social y humano.
