En mi columna de la semana anterior anuncié que en esta ocasión me referiría de manera particular a la anunciada venta de la emblemática Electrohuila, única empresa estatal en la cual la participación accionaria compromete pequeños pero significativos recursos económicos de nuestros municipios y en mayor proporción del departamento.
Algunos calculan que las inversiones en la conformación accionaria actual de la empresa, representadas en los aportes iniciales, pero sobre todo en la infraestructura de las redes actuales que; aunque en muchos casos obsoletas y deficientes; tienen un alto valor financiero constituido por los costos de la electrificación rural en donde el departamento está en mora de efectuar su respectiva valoración, la que podría alcanzar una cifra aproximada de 600 mil millones de pesos.
Por otra parte, existen valores intangibles pero que tienen un alto significado estratégico como son los de la utilización de nuestro abundante recurso hídrico indispensable para la generación eléctrica; hoy representado en Betania y El Quimbo; pues no obstante hacer parte de las grandes inversiones privadas, autorizadas en su momento por la Nación como desarrollo de la política energética y que hoy conforman el gran mercado de generación, transporte y distribución para impulsar el desarrollo económico; no han retribuido con justicia y equidad componentes esenciales de la diversidad ecológica y social involucrada en tales proyectos, al punto de que desde hace varios años los huilenses hemos venido pagando una de las tarifas más altas por el servicio industrial y residencial.
Estamos entonces abocados a generar un gran consenso regional para proteger eficazmente nuestros derechos colectivos. La inmediata valoración real de los activos en los que departamento y municipios tienen significativa participación, debe ser una tarea inaplazable; en la cual, la principal responsabilidad recae en el gobernador Dussán, los congresistas actuales, gremios, medios de comunicación y sociedad civil, pues allí radican los derechos accionarios que desde luego se confunden con los legítimos intereses regionales.
En esta urgente tarea la Asociación Colombiana de Ingenieros-ACIEM-Capítulo del Huila, debe ser llamada a prestar su invaluable concurso como órgano consultor del gobierno en la política energética.
No hay tiempo que perder. La decisión del gobierno Duque parece irreversible y el proceso legal ha comenzado, salvo que en el Congreso nuestros voceros, muchos de ellos en trance de reelección, unifiquen sus esfuerzos y logren detener la venta de la joya de la corona, dado que no es un activo improductivo sino todo lo contrario, muy productivo, incluso para los réditos clientelistas de la politiquería.
Joya que a propósito, debemos recordarlo, ha sido el botín político del que se han aprovechado todos nuestros dirigentes, sin excepción alguna.
No es gratuito ni una simple casualidad el que la decisión de venderla se haya tomado en esta coyuntura electoral, donde la atención de los diversos actores políticos y de buena parte de la ciudadanía, estarán distraídos en la renovación del Congreso y en la definición del próximo presidente.
¿Habrá el suficiente liderazgo que convoque eficazmente la unidad de todos los estamentos regionales en este urgente e inaplazable propósito? Ya lo sabremos.
COLETILLA- Y hablando de unidad. Es lamentable que el uribismo del Huila se divida y pierda su curul en la Cámara. En tal escenario de división, habría que declinar la honrosa y estimulante invitación que me fuera formulada recientemente para integrar la lista.
