En último debate la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley anticorrupción que no solo contiene herramientas para combatir los delitos contra la administración pública, sino que incluyó un polémico artículo que podría limitar la libertad de prensa y de expresión.
Dicha propuesta, tal y como quedó en el cuarto debate, propone castigar con la pérdida de la personería jurídica a las organizaciones cuyos representantes legales incurran en injuria o calumnia en contra de funcionarios públicos.
Algunos congresistas señalan que esto es completamente inconveniente y se trata de un ‘mico’ que podría atentar contra los medios de comunicación y la prensa en general.
Varios legisladores han solicitado que este artículo sea excluido de la conciliación del proyecto que ya debe estar en proceso de construcción y que deberá votarse en las próximas horas en las plenarias de Senado y Cámara.
De hecho, algunos de los senadores que firmaron la proposición desde el principio con la cual se pretendía imponer hasta sanciones de cárcel a quienes hablaran mal de funcionarios públicos, hoy están arrepentidos y han dicho que no respaldarán este tema en la conciliación final del proyecto.
Pero no solo los senadores, también algunos representantes a la Cámara afirman que para evitar suspicacias, lo mejor es excluir esta propuesta.
En caso de que no logren tumbar este polémico artículo, se podría recurrir a una demanda ante la Corte Constitucional para que ese alto tribunal sea el que tome una decisión definitiva sobre este tema.
