Cada día que pasa somos testigos de noticias indignantes relacionadas con la inseguridad a lo largo y ancho del país, en donde los principales protagonistas casi siempre resultan ser los mismos. Una combinación entre inseguridad e injusticia que cómo resultado se traduce en mayor impunidad. Una mezcla peligrosa y con un sabor bastante amargo entre los colombianos.
El Huila como todos los departamentos en Colombia no ha sido la excepción y por el contrario ha sufrido en cuerpo propio el flagelo de la violencia. La inseguridad ha ido permeando poco a poco, al punto que cada municipio ha sido testigo de cómo este fenómeno ha hecho presencia en sus lugares de residencia.
El miedo y la zozobra que se vivía en los territorios más apartados del país se han trasladado y se han vuelto fieles compañías de los colombianos que habitan en las principales ciudades. La población ya indignada exige a gritos más seguridad en sus territorios, y con justa razón.
Es desafortunado lo que sucede no solamente en Neiva sino en todo Colombia, la pandemia ha dejado en evidencia graves problemas estructurales que hoy padece el estado colombiano, en donde la inseguridad es uno de los temas que más preocupa.
Sumados a todos los problemas que tiene el país por solucionar, encontramos en las malas decisiones gubernamentales que se han tomado a nivel nacional otro punto de partida para entender por qué se disparó la inseguridad en todo el suelo colombiano.
Y es que aunque las decisiones importantes del país se toman en Bogotá, para bien o para mal siempre terminan repercutiendo sobre los demás territorios. No es una casualidad que la inseguridad se haya disparado cuando una de las banderas del gobierno colombiano ha sido su ambición por hacer trizas el Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
Sumado a eso encontramos el Decreto Legislativo 546 del 2020, el cual sustituyó la pena de prisión y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por detención domiciliaria en el lugar de residencia a aquellas personas que se encontraban en un mayor grado de vulnerabilidad frente al coronavirus. Cerca de 5 mil personas privadas de la libertad se beneficiaron con esta medida, muchos de ellos con delitos de hurto en sus antecedentes, sin duda un premio a la impunidad.
Otro punto de quiebre para la seguridad colombiana fue el acceso deliberado de los venezolanos a suelo colombiano, sin un control, sin mayores requisitos, simplemente con la voluntad y ganas de escapar de un régimen opresor.
Ahora ni hablar de la alcahuetería de nuestro sistema penal, el cual en vez de castigar a los delincuentes muchas veces los premia con la libertad o en el peor de los casos con detención domiciliaria, así tuviera un prontuario delictivo bastante amplio.
Es evidente que la inseguridad es un tema de carácter nacional, y no solamente local como lo quieren hacer ver algunas personas que siguen en campaña política y que hoy se aprovechan del mal momento que atraviesa el país para cautivar adeptos con discursos demagogos.
Las malas decisiones nacionales, la ambición de hacer trizas el Acuerdo de Paz, el excesivo garantismo en nuestras leyes, sumado a todos los problemas de fondo que hoy sumergen al país como la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades laborales, entre otros, son las principales causas de que la inseguridad en Colombia se encuentre más latente que nunca.
Mientras no haya una solución de fondo, la sana percepción de seguridad difícilmente volverá a nuestras regiones, o por lo menos por un par de años más.
