La enajenación de activos de la Nación, específicamente, la venta de acciones en las Electrificadoras del país, no solamente es legal y constitucionalmente viable, también se constituye en el principal deber del Gobierno Nacional para poder afrontar la grave situación social y económica.
Bajo un falso dilema de “vender la gallina de los huevos de oro”, y acudiendo al equivocado “nacionalismo provincial” de mantener activos ineficientes, expuesto por los que se oponen a la enajenación de estos activos, con el telón de fondo de proteger intereses particulares para mantener clientelas, como ha sucedido desde hace ya muchos años, negándosele la posibilidad al Gobierno de contar con recursos importantes para poder cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, frente a la crítica situación social que se vive en el país.
Y no es para menos. De acuerdo a una publicación reciente liderada por el Banco de la República, denominada “Impacto regional del COVID – 19 en Colombia: un análisis insumo-producto”, se establece que “al igual que el resto del mundo, la economía colombiana enfrenta uno de los choques más fuertes como consecuencia de la pandemia del COVID 19.
Luego de un buen desempeño en 2019, que la llevó a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3%, frente al 0,1% de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), se esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5%”.
Así mismo, y conforme a los efectos mencionados, señala que “los resultados señalan pérdidas económicas que varían entre $4,6 billones y $59 billones por mes, de acuerdo con los escenarios de asilamiento considerados, cifras que representan entre el 0,5% y 6,1% del PIB”.
Un panorama para nada alentador, en un país con un nivel de necesidades básicas por satisfacer, y uno, o el más, desigual del mundo, con un efecto mucho mayor en las poblaciones rurales.
Lejos se debe ver este actuar del Gobierno como un golpe a las finanzas territoriales. Por el contrario, los ingresos recibidos con ocasión a la enajenación de activos de la Nación se verán reflejado en mayores inversiones de orden social, de infraestructura, de reactivación del aparato productivo de los territorios, inversiones tan necesarias en estos momentos de crisis, y que tanto necesita el Departamento del Huila.
Por otro lado, se debe considerar esta coyuntura como una oportunidad para que la Electrohuila, por fin se convierta en una empresa competitiva, pujante, que lidere la transición energética tan necesaria en la región, y por qué no, en el país. Talento huilense tenemos de sobra que pueda engancharse en esta nueva etapa de nuestra empresa, talento que ha brillado con luz propia en escenarios nacionales e internacionales, que desafortunadamente, nunca han contado con la bendición de las camarillas politiqueras del departamento, y eso ha imposibilitado que hoy por hoy ELECTROHUILA no ocupe los espacios que debería estar ocupando en los medios nacionales, y en el sector energético.
La enajenación de este activo también tendría un impacto positivo en la eficiencia administrativa que tanto requiere. Bien es sabido que los méritos siempre son elemento esencial en el sector privado, para ocupar los espacios que requieren los retos del sector energético actualmente.
De igual manera, sería valioso en términos de inversión frente a la necesidad de la investigación y de la innovación para llegar a más usuarios que hoy no cuentan con el servicio de energía, con calidad en el servicio, pero además, procurando aportar al cuidado del medio ambiente y a la transición energética.
