Se siguen incrementando en algunas regiones del país, el abominable delito de privación de la libertad de personas indefensas por parte de organizaciones narcoterroristas. En la pasada noche del jueves 13 de enero, los miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc, ingresaron a unas instalaciones operativas de Ecopetrol en jurisdicción del municipio de Tibú (Norte de Santander), donde se encontraba un empleado de la firma Consultec, interceptando a un vehículo perteneciente a otra empresa contratista, obligando al ingeniero de petróleos huilense, graduado en la Universidad Surcolombiana, jefe de la operación, llevándoselo sin que se conozca su paradero. Sus familiares solicitan a sus captores para que se les respeten su vida y lo devuelvan sano a su núcleo familiar.
Las Fuerzas Militares han intensificado su accionar para dar con el paradero de este ilustre profesional que prestaba sus servicios a una empresa contratista de Ecopetrol, en medio de una de las zonas más conflictivas que tiene desestabilizada la paz y tranquilidad de sus habitantes, por el permanente acoso de organizaciones subversivas, procedentes del vecino país de Venezuela.
Si ha habido un crimen que haya probado la degradación de la guerra colombiana, que además ha sido una de las peores torturas llevadas a cabo por los seres humanos, ese ha sido el secuestro. Desde los años 70 hasta hace muy poco, este crimen desdibujó las causas de los revolucionarios, aterrorizó a todos los estamentos de la sociedad colombiana y fue padecido por todas las clases sociales en diferentes regiones del país. Sigue siendo unas de las principales razones por las cuales ha sido así de difícil, llamar a la reconciliación y conseguirla.
El secuestro no ha terminado. Así lo han reflejado múltiples casos ocurridos en el país. Tanto el ELN como las disidencias siguen valiéndose del peor de los crímenes para mostrar dientes políticos o financiarse de la manera más baja que uno pueda imaginar. A pesar de que se han reducido la cifra de raptos del año pasado, sigue siendo preocupante que este delito detestable, se vuelva a presentar en algunas regiones del país. Se pasó de más de 3.500 en 2000, a 88 en el periodo de la prepandemia. (2019). Hoy en día las grandes organizaciones secuestradoras se han visto diezmados por el accionar gubernamental en los rescates y las capturas de los criminales que se han vuelto cada vez más frecuentes.
Resulta increíble que dichas organizaciones criminales, en teoría pretendan negociar con el Estado e insistan en valerse de ese delito para demostrar un poderío, que no es más que violencia. El secuestro es impensable para esta sociedad. Así deben entenderlo quien busque formar parte de ella.
