No termina enero y Simeón Delgado, vigilante del ICA en Saravena y víctima fatal del atentado con carro bomba, es ya la número 25 del narcoterrorismo que se ha ensañado con los araucanos, un pueblo acosado por una violencia que no los abandona. Hace diez años, en este mismo espacio, le pedía al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, crear en Arauca una “Zona de Alta Vigilancia Militar” contra la violencia del ELN, ya acantonado en Venezuela con la bendición del Chávez.
Arauca era feudo del ELN, especializado en ataques a la industria petrolera y la ganadería. Para ello, y para garantizar control territorial a los corredores de la droga, que ya alimentaba la dictadura vecina, el terror estaba a la orden del día. En julio de 2012, celebraron 48 años con un “paro armado”, que se repitió en septiembre para celebrar 36 años del frente Domingo Laín, paralizando seis departamentos, mientras el gobierno estaba ocupado negociando con las Farc.
Era una violencia endémica y lo sigue siendo, pero la de hoy es aterradora y sin tregua, pues después del Acuerdo para una paz que los araucanos no han visto, las disidencias, también alojadas en Venezuela, le echaron el ojo al negocio del narcotráfico en la frontera y decidieron arrebatárselo a los elenos a sangre y fuego…, y en esas estamos.
Si le preguntamos a un “progresista” por la razón de la violencia en Arauca, responderá con cinismo que es la falta de implementación del Acuerdo, un discurso mentiroso porque bien saben que la causa es EL NARCOTRÁFICO.
Un “centrosantista” dirá, con igual cinismo, que es la falta de inversión social, que es lo mismo que el incumplimiento del Acuerdo; inversión que no hizo el gobierno Santos pero que hoy se reclama, desconociendo la verdadera causa: EL NARCOTRÁFICO.
Un magistrado de la Corte Constitucional estará de acuerdo con los anteriores, pues considera el Acuerdo como parte de la Carta, y reconocerá el papel del narcotráfico, pero insistirá en que la aspersión aérea afecta la salud y el ambiente, desconociendo el mayor daño de las drogas a la salud pública y la mayor degradación ambiental de la siembra y el procesamiento. ¿A quién le conviene esta posición?: AL NARCOTRÁFICO.
Si le preguntamos a un líder social quién está detrás de la violencia contra sus organizaciones, culpará a la falta de protección del gobierno y a los despojadores de tierras. ¿Quiénes son esos despojadores?: EL NARCOTRÁFICO.
El país parece ciego frente al narcotráfico, que financia todas las formas de violencia rural y, también, el vandalismo urbano y el ambiente de inseguridad en las ciudades, frente a lo cual se erige como salvadora la verdadera amenaza: el progresismo comunista.
N.B. En un comunicado he respondido a las delirantes declaraciones de Benito Osorio, un “refrito” del que ya me defendí hace diez años.
