La Defensoría del Pueblo, junto con la Personería de Tibú, se trasladó a la vereda El Totumito-Carboneras, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), para verificar los hechos denunciados por la misma comunidad, del asesinato con arma de fuego, de tres personas de la localidad.
Según Carolina González, habitante del corregimiento de La Garra zona rural de Tibú, dijo a RCN Radio, que «tenemos información de la muerte de tres personas, pero aún no sabemos los nombres de las víctimas, estamos esperando que lleguen las autoridades hasta la zona e inicien la investigación pertinente».
Así mismo, González dijo que desde hace varios días vienen solicitando la presencia del Gobierno Nacional, pues hay miedo en la comunidad, ante nuevas masacres y amenazas de Los Rastrojos y el ELN.
Desde finales del mes de diciembre se viene registrando el fenómeno de desplazamiento de familias campesinas, aproximadamente 250 personas salieron de la vereda la Silla, zona rural de Tibú.
Según líderes sociales, en este grupo de desplazados se encuentran 150 mujeres, de ellas 35 embarazadas, 45 menores de edad, 15 adultos mayores y 40 hombres, quienes requieren de alimentos, medicina y ropa.
Gloria García, habitante del corregimiento de La Gabarra, dijo que se sienten solos y continúan las amenazas de estos dos grupos, que han producido miedo e incertidumbre. La comunidad teme la reactivación de las masacres y desaparición forzada».
Ante las amenazas de estos grupos armados, la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander ha emitido una serie de alertas, por el accionar delictivo de estas estructuras criminales que se disputan el control de las rutas de narcotráfico, en cercanías a la zona de frontera y que están generando una compleja situación.
A mediados del mes de julio del 2.020, se incrementaron las acciones violentas en zona rural de Tibú y Cúcuta. Según las autoridades, los enfrentamientos entre ELN, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Pelusos’, así como los homicidios, aumentaron en esta zona de la región, por el dominio de cultivos de coca y el control en laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.
