El presidente Duque sancionó la Ley que busca “reducir la impunidad y enfrentar el vandalismo y la criminalidad”.
La norma pretende hacerle frente a la inseguridad urbana y a los distintos escenarios que se dieron durante el paro nacional, a través una reforma al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y la regulación de armas.
La Ley incluye el aumento de las penas por agresión a miembros de la fuerza pública. Para el caso de homicidio, cometerlo contra un uniformado, defensor de Derechos Humanos, menor de edad, tendrá la pena máxima de 58 años de prisión.
De igual forma busca combatir la reincidencia, fenómeno para el que las autoridades y los ciudadanos han pedido mayor severidad por parte de los jueces.
Se establece también la “legítima defensa privilegiada”.
Se convierte en delito el porte de armas blancas en eventos masivos.
Quien hurte un bien con un valor mayor a los 4 millones de pesos, recibirá una condena no excarcelable.
