En atención a las columnas escritas que evidencian el peligro que corre el Macizo Colombiano frente a la arremetida de empresas como ENEL – EMGESA, fuimos invitados el pasado domingo 23 de enero, a dos interesantes reuniones realizadas en la Maloka del resguardo Yanacona Yachai y en el centro poblado Alto Quinchana en San Agustín.
Asistieron líderes y mayores de diferentes resguardos del Departamento del Huila, representantes de los Consejos regionales indígenas del Cauca CRIC, y Huila CRIHU, la Organización Nacional Indígena Colombiana ONIC, presidentes de juntas de acción comunal de las diferentes veredas, representantes de los cuarenta acueductos comunitarios, intelectuales, líderes sociales y ambientales entre otros.
Fue magistral la exposición del profesor y líder ambiental y de ASOQUIMBO Miller Dussán Calderón, desnudando la estrategia implementada por las multinacionales ENEL – EMGESA, para apropiarse del territorio, con la aquiescencia de los alcaldes, la Corporación Ambiental del Alto Magdalena CAM, y el mismo Gobierno Nacional.
De un lado, los alcaldes de Pitalito y San Agustín, emitieron convocatorias públicas para compra de predios, de acuerdo con los parámetros de la ley 99 de 1993, sin embargo alejándose de la norma, definen que EMGESA es la entidad responsable por las compensaciones que debe entregar derivadas de la licencia ambiental del proyecto Quimbo, planteándome la duda respecto a las compensaciones del Cerro de Matambo, que NUNCA han sido entregadas al municipio ni a la gobernación, y si, crearon una reserva de la sociedad civil que los beneficia solo a ellos, a la multinacional.
De otro lado la Corporación Ambiental CAM, emitió un comunicado en el que hace énfasis en la obligatoriedad de EMGESA de comprar predios para compensación ambiental del proyecto el QUIMBO, pero no hace énfasis ni en la obligatoriedad de hacer entrega de estos predios a los municipios donde se compran, ni mencionan el hecho de que estas acciones pueden estar relacionadas con la generación de bonos de carbono.
Finalmente devela como desde el mismo gobierno nacional a través del decreto 870 de 2017, que establece el pago por servicios ambientales, lo que hace es mercantilizar los bosques, en palabras del profesor “Es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación y colonización del clima” y de nuestra biodiversidad acoto yo.
Así las cosas, después de amplias discusiones se llega al consenso de la necesidad de fortalecer la organización social y comunitaria para hacer frente a este nuevo atropello, los pagos por servicios ambientales, o los bonos de carbono deberían ser pagados a las comunidades indígenas y campesinas quienes ancestralmente han cuidado nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra, y no a multinacionales causantes de pobreza, desplazamiento y desarraigo por donde pasan.
Finalmente, mi propuesta es que empecemos ya a cambiar el modelo económico neoliberal, donde hasta el aire puede ser objeto de compra y venta por un modelo donde el centro es la comunidad, cambiar a esos políticos (Representantes y Senadores) que venden al país y a las comunidades, aprobando normas, planes y leyes que no tienen en cuenta a la comunidad, y que los benefician solo a ellos. Este fin de semana, se sintió el rugir de una comunidad cansada, agobiada y que pide a gritos que #Seamoselcambio que Colombia necesita.
