La Procuraduría General de la Nación sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que las Farc-Ep reclutaron de manera sistemática menores de edad, y sin lugar a duda sí se beneficiaron del narcotráfico para financiar la guerra.
Así lo indicó el Ministerio Público en concepto presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de esa jurisdicción, en el que consignó observaciones a las versiones voluntarias rendidas por miembros del Frente 5 de esa guerrilla, en desarrollo del macrocaso 04 que se ocupa de la situación territorial de la región de Urabá.
El órgano de control indicó que, aunque sus miembros no reconocieron haber cometido delitos de violencia sexual, de lo declarado por los exjefes de ese frente se advierte que dentro de los estatutos de esa organización ilegal armada existió la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política que debía cumplirse, “no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”.
Igualmente, señaló que se conoció el caso de una niña integrante de ese frente que aparentemente fue obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra.
En el documento, la Procuraduría sostuvo que la guerrilla sí se benefició del narcotráfico para financiar la guerra, “pues con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las Farc-Ep se nutrieron para financiar sus actividades bélicas”, precisó.
