Una situación planteada ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo-BID generó la posibilidad de que el banco se salga responsablemente del financiamiento otorgado a proyectos hidroeléctricos en Guatemala luego de que se concluyera, en los casos estudiados, que la inversión se realizó desconociendo la presencia de pueblos indígenas en el área de influencia de dichos proyectos.
Aunque de las 29 recomendaciones emitidas por el MICI, 10 están orientadas a cambios institucionales, 19 están enfocadas en recomendar acciones correctivas específicas para reconducir los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo y Generadora San Andrés. Por eso, luego de asegurar su financiamiento, ahora el Banco está considerando retirarlo.
Es la primera vez que el MICI hace una recomendación respecto a proyectos ya financiados y de tanta inversión. Para el BID también trae beneficios de largo plazo: el informe evidencia la necesidad de mejoras en el proceso de rendición de cuentas del banco, aumenta las oportunidades para las comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y genera precedentes para mejores prácticas de financiamiento. Por supuesto que considerar estos factores mejora la manera como el banco blinda sus inversiones de actos o hechos que pueden afectar su condición reputacional. Y claro que estas mejoras en el análisis de los impactos causados por proyectos que financia, va impedir que se lleguen, por ejemplo, a generar impactos ambientales que nadie desea o los hagan corresponsables.
Pero lo que no se mencionan en estos informes, es sobre qué hacer para el desmontaje y abandono de las obras ejecutadas hasta el momento, y claro, cómo financiar estas y quién debe hacerlo, cuando esto sucede por los daños generados.
No es solo tomar una decisión tan importante. Sino que, precisamente por la importancia ambiental de hacerlo, esto se lleve efectivamente a cabo y sin generar mayores daños o impactos.
Otra vez, surgen argumentos para reconsiderar en Colombia el crear, de una vez por todas, los tribunales y jueces especializados en las problemáticas ambientales que, con apoyo técnico independiente, tomen las decisiones acertadas y racionales sobre obras y proyectos dañinos al medio natural.
En todo caso lo favorable para nuestro país es que desde hace tiempo hemos comprendido la importancia de dar un manejo ambiental, a los desmantelamientos y abandonos de todo tipo de proyectos u obras, incluso cuando estos sean para mejorar las condiciones ambientales; por ejemplo, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales o disposición final de residuos sólidos. Y efectivamente se ha normado qué hacer y de manera eficaz.
