Los propios togados pidieron al Gobierno que se revisen sus esquemas ante la oleada de mensajes que han recibido tras la decisión sobre aborto.
“¿A ustedes les hubiera gustado que su mamá los hubiera abortado a los seis meses de gestación?”. Esta frase hace parte del contenido de un panfleto firmado por el grupo Águila Negras – Bloque Capital, en contra de los magistrados que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación hace unas semanas, en un fallo que sigue generando polémica. Actualmente, las autoridades están verificando el documento quele llegó a los 9 magistrados que conforman la denominada Sala Plena, siendo investigado por la Dirección de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional.
Desde que se conocieron, los magistrados han estado conversando a través de un grupo de WhatsApp con el que cuenta el alto tribunal, pero también han usado la herramienta tecnológica para pedirle directamente a personas como el ministro de Justicia, comandante de la Policía y más que se refuercen sus esquemas de seguridad.
Hace menos de una semana se conoció un comunicado firmado por los ocho magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Constitucional en el que se hizo un fuerte llamado de atención para que se respeten y acaten sus fallos. Sin hacer una mención en específico, el alto tribunal puso de presente la división de poderes que existe en Colombia.
En este sentido se señala que, según la Constitución Política de 1991, la Corte es un “órgano autónomo e independiente”, hecho por el cual “sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como legitimidad”.
Recuerda, además, que los fallos que dicta la Corte son un ejercicio de “control constitucional y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos frente a todos”, hecho que los convierte en de obligatorio cumplimiento tanto para las “autoridades como para los particulares”. En el documento, que fue publicado en su cuenta de Twitter y página web, el alto tribunal indica que las decisiones se toman “con miras a garantizar el respeto y efectividad del orden constitucional y en general del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Cuestionando así el hecho que se quieran “personalizar” las funciones del poder público o del Estado, puesto que esto es un desconocimiento tanto a la ya mencionada división de poderes como a los preceptos de la Carta Política. El hecho de “minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso” en la Constituyente de 1991.
