Paloma Valencia
Seis millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de las consecuencias del socialismo del siglo XXI: desempleo, hambre y persecución política. Venezuela se ha convertido en el segundo país con mayor número de emigrantes, después de Siria.
Por las más de 520 trochas qué hay entre Venezuela y nuestro país, han llegado a vivir a Colombia 1,8 millones de venezolanos. Hemos logrado regularizar el 66% de ellos y ofrecido educación gratuita y pública a todos los menores de edad. Funda redes estima que hay más de 5 mil niños que se exponen a pasar por la frontera para tener acceso a la educación en nuestro país.
La pandemia devolvió cerca de 81 mil ciudadanos a Venezuela, pero la reactivación económica de Colombia reactivó la migración. Por Cúcuta están regresando un promedio de 500 personas diarias.
La tragedia tiene una receta precisa. La demagogia y el populismo que vendieron bajo la crítica a todo lo que había y se había hecho, bajo la promesa de una sociedad más equitativa. El chavismo acabó la iniciativa privada en Venezuela. En el año 2007 se tenían registradas 800 mil empresas, para 2018 eran solo 270 mil. Cifras de Consecomercio estiman que entre el 2002 y 2016 el Gobierno expropió 692 empresas. La deuda pública aumentó al 150% del PIB, y las industrias nacionales estatales acabaron con los mercados. El sector petrolero pasó de producir 2,7 millones de barriles diarios en 1999 a 825 mil en 2018. El resultado más nefasto, es que el 87% de las familias viven hoy en la pobreza monetaria.
El Gobierno colombiano ha tenido una política humana de puertas abiertas. Pero los retos no son menores. Colombia ha sido un país con muy poca migración, y estamos aprendiendo. La situación de muchos venezolanos es tremenda y dura: el alcalde de Villa del Rosario, Norte de Santander, identificó uno 8 mil migrantes hacinados en 400 casas.
Las cifras de migración siguen creciendo y la situación política de Venezuela no cambia. El régimen ha encontrado peligrosos apoyos, que perpetúan la amenaza no solo para Venezuela sino para la región. Los colectivos chavistas y los grupos armados organizados están presentes en los cuatro estados venezolanos fronterizos con Colombia. A veces, pareciera que el gobierno de Maduro se limita a ser una agencia que distribuye territorios que quedan bajo en control de grupos ilegales.
Varias ONGs estiman que en los estados fronterizos se encuentran más de 15 grupos guerrilleros incluidas seis disidencias de las Farc, ocho del ELN y cuatro del EPL. La inteligencia colombiana calcula 1.000 hombres del ELN y 600 de disidencias en Venezuela. El narcotráfico sostiene estas estructuras criminales, y el régimen los protege.
La ONU estima que se han multiplicado por ocho las hectáreas de coca en zonas fronterizas colombianas con más de 16 mil. Durante 2020, en las zonas fronterizas se presentaron más de 1.613 homicidios en el lado venezolano, más de 208 desapariciones y secuestros y al menos 555 enfrentamientos armados entre grupos ilegales.
El departamento de Arauca muestra aumento de violencia y pese a los esfuerzos de nuestras fuerzas armadas, la delincuencia se refugia cruzando la frontera. Cúcuta ha tenido que vivir el cierre de la frontera por parte de la dictadura, que parecía ser un negocio para favorecer al ELN. La frontera seguía funcionando, pues mercancías y ciudadanos pasaban de manera continua, pero para pasar había que pagarle un peaje a ese grupo ilegal y mafioso. La decisión de mantener cerrada formalmente la frontera creaba, y era evidente para todos, un negocio para el ELN.
Recobrar la libertad y la democracia en Venezuela es necesario. Para que sus ciudadanos puedan empezar la reconstrucción de todo lo destruido. Para la región y en especial para nosotros, el régimen es una amenaza a la seguridad.
Colombia deberá seguir su política humanitaria de puertas abiertas con los migrantes, la lucha contra el narcotráfico y una política de seguridad en las zonas fronterizas. Sobre todo, la comunidad internacional debería insistir en una Venezuela libre de ese régimen tiránico.
