Por: Carlos Tobar
El Dane acaba de entregar los resultados de la Encuesta de Cultura Política 2021. Preocupan sus resultados porque evidencia una tendencia de deterioro de la democracia colombiana. Los ciudadanos han venido perdiendo confianza en la capacidad de esta forma de gobierno para resolver sus problemas cotidianos.
Comportamiento similar al mostrado en los últimos años en el mundo entero, donde la democracia ha perdido respaldo en los pueblos que, están virando hacia formas autoritarias de gobierno.
Ese espíritu colectivo de desesperanza es el caldo de cultivo para que propuestas populistas y de mano fuerte se abran campo, coartando de paso las libertades ciudadanas y, a la larga conduciendo a esas sociedades al estancamiento y el atraso.
Sin libertades, sobre todo la libertad de pensamiento y expresión que, son el instrumento para el progreso de las ideas, la creatividad, la innovación y la transformación cultural y social, no es posible el progreso colectivo de los pueblos.
En Colombia estamos en riesgo de caer en esa tendencia. Durante muchos años prácticas corruptas de gobiernos incapaces han llevado a la incredulidad ciudadana. No cree ni “en el rejo de las campanas”, como reza el refrán popular.
Problemas crecientes de desempleo, pobreza, abandono, el acceso limitado al sistema de salud, una educación estancada de baja calidad, etc., han descorazonado a los colombianos que, no quieren saber “nada de política”.
Es tan grave la falta de credibilidad del sistema que los ciudadanos ni siquiera hacen uso del derecho a elegir y ser elegidos. Menos del 50% de las personas habilitadas en el censo electoral, votan en las elecciones generales desde la presidencia hasta los concejales o ediles en los municipios.
Pero la parte más peligrosa de la pérdida de credibilidad del sistema es el desprestigio y degeneración de los partidos políticos que, son la correa de transmisión que pone a funcionar democracias de corte republicano como la nuestra.
Cuando se pregunta a las personas si están afiliadas o participan en la organización y funcionamiento de un partido, la respuesta contundente y afirmativa es que no. Hecho gravísimo porque, en una democracia representativa los ciudadanos delegamos la defensa y promoción de nuestros intereses en las personas que elegimos a través de las organizaciones políticas. A ellos y solo a ellos podemos reclamarles por los compromisos adquiridos.
