La controvertida operación militar desarrollada en Putumayo en la que murieron 11 civiles ahora será investigada por la Procuraduría General de la Nación. El operativo fue presentado por el Ministerio de Defensa (MinDefensa) como un logro contra el narcotráfico porque los fallecidos eran guerrilleros, pero días después se conoció que realmente se trataba de civiles. Teniendo esto en cuenta, el ente de control tiene la tarea de aclarar los hechos.
La masacre que será investigada ocurrió el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, adscrita al municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Se conoció que las víctimas estaban en un bazar, cuyo objetivo era recolectar fondos para costear una placa-huella en su barrio, cuando los uniformados los atacaron indiscriminadamente.
Como se mencionó inicialmente, los asesinados fueron presentados como criminales. Sin embargo, días después reporteros de El Espectador, Vorágine y la Revista Cambio crearon una alianza investigativa para recolectar pruebas y testimonios que evidenciaron que el operativo se convirtió en una masacre contra civiles inocentes.
Con las denuncias del Ministro de Defensa de violación a los derechos humanos, la Procuraduría aseguró que desplegó una comisión especial dentro del proceso disciplinario y el objetivo de esta es buscar pruebas que verifiquen o nieguen la versión de MinDefensa.
