Ernesto Cardoso Camacho
La campaña electoral por la presidencia está entrando en una etapa decisiva en la cual los errores o las virtudes estratégicas de los candidatos y sus asesores de campaña terminan siendo determinantes.
Ya estamos viendo cómo la propuesta del “perdón social” que el candidato Petro ha querido maquillar, en lo que en esencia es la oferta que su hermano hizo a los corruptos condenados e imputados y a ciertos parapolíticos en la cárcel de La Picota, a cambio de sus apoyos electorales; ha generado toda una reacción adversa que aún dentro de quienes pensaban votar por él, la han rechazado como una claudicación de la sociedad frente al delito y a la delincuencia.
Pero aún más grave y desde luego con mayor indignación, la ciudadanía ha censurado su propuesta de una justicia especial para narcotraficantes; como si el ejemplo de la JEP con los miembros de la cúpula de las Farc, no hubiere sido suficiente para que los colombianos hayamos entendido que el Acuerdo de Paz de Santos; rechazado en las urnas por la soberanía popular; ha generado frustración y mayor violencia en los territorios donde campean las llamadas disidencias y sus socios los carteles mexicanos, en guerra abierta y cruel con los grupos criminales, donde las víctimas han sido los llamados líderes sociales y comunitarios.
Ni qué hablar de la propuesta de expropiar o apoderarse el Estado de los billonarios recursos depositados por millones de colombianos en los fondos privados de pensiones; los cuales son un ahorro voluntario para asegurar una vejez digna y tranquila; luego de ingentes esfuerzos personales y familiares; para que con ellos se estimule la holgazanería de quienes pretender vivir a costa de subsidios estatales, con los cuales se destruiría el esquema productivo del país como ha ocurrido en Venezuela, Cuba y Nicaragua, equivocado ejemplo que ahora pretender seguir Perú y Chile, en ejercicio de las tesis chavistas de la revolución bolivariana que tanto seducen al candidato Petro.
Y con relación a la expropiación de los bienes inmuebles que el candidato del Pacto Histórico ha querido disfrazar como “democratización” de la propiedad; con la demagogia populista de superar la inequidad social; basta con observar lo absurdo y descabellado de su propuesta, que nadie le cree, al extremo de tener que acudir, con su fórmula vicepresidencial a una Notaría para declarar que no lo hará en su eventual gobierno. Cuando un candidato presidencial llega a tales extremos, descubre sus debilidades programáticas y el desespero electoral.
La lección que tales inconsistencias programáticas revelan en un candidato es que su única virtud radica en la mentira y el engaño; pretendiendo con ello conquistar incautos; incurriendo así en la aberrante contradicción que tanto critica en relación con los políticos tradicionales a quienes en su discurso promete combatir por mentirosos y corruptos.
En medio de esta intensa actividad proselitista en busca de la aceptación popular, es conveniente sugerir al candidato de la gente, como se ha identificado a la campaña de Fico Gutiérrez; que mantenga su seriedad y consistencia programática con la cual está haciendo la diferencia. Pero que incluya una contundente propuesta de defender a cabalidad como presidente, una de los más sentidas aspiraciones ciudadanas, hasta ahora frustradas; de garantizar y proteger eficazmente los derechos de los usuarios o clientes, frente a los abusos sistemáticos en que incurren las empresas de servicios públicos estatales y privadas (de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas; EPS, telefonía celular- operadores de televisión por cable-) así como las del sistema bancario y financiero.
A tales entidades las vigilan las superintendencias, que son entidades del estado dirigidas por los superintendentes, servidores públicos de libre nombramiento y remoción del presidente pues actúan como agentes suyos. Allí hay una tarea pendiente que está en mora de realizarse y que los colombianos de todos los niveles sociales reclaman con urgencia.
Y en relación con combatir eficazmente la corrupción, la solución empieza con reformar a fondo el sistema político y electoral, así como el actual sistema de justicia.
