Por: Froilán Casas
En nuestras inmaduras democracias el Estado ha llegado a ser, el más inoperante en términos gerenciales. Nuestro llamado “Estado de Derecho” ha resultado paquidérmico en la toma de decisiones y en lograr resultados en el corto plazo. La administración pública y ya por dos centurias, ha dejado crecer los problemas hasta el punto de colapsar y llegar al colectivo cultural y social, en ver como salida un gobierno de izquierda o de extrema derecha para salir del atolladero de la inoperancia. El Estado se vuelve clientelista porque cada gobernante en las diferentes ramas del Poder Público, reparte puestos a granel para satisfacer a sus electores, mediocres y bufones que lo hacen aún más ineficiente. La voracidad por el reparto de la torta burocrática, no tiene límites. Los presupuestos se ejecutan, dándole un altísimo porcentaje al funcionamiento, dejando muy poco para inversión y desarrollo social. La cascada de impuestos que pagamos los colombianos que trabajamos de sol a sol, no alcanza para tener una infraestructura vial que facilite el desarrollo de la economía. Uno de los indicadores de la prosperidad de un país es la conectividad en todos los sentidos. Colombia está atrasada en décadas para poner al día la salida a nuestros dos océanos. Todo se va en retórica barata, buenos deseos y de buenos deseos está lleno el infierno. En muchas dependencias del sector público, la tramitomanía es tan fatigante, que buena parte de los presupuestos se va en “peajes”: cada uno se cotiza de acuerdo con su rango y sobre todo de acuerdo con su hambre atrasada insatisfecha por varios lustros. El verbo administrar para el sector público se traduce por complicar. El verbo administrar debe conjugarse expeditamente, con sentido de eficiencia y de logros: FACILITAR. ¿Cuántas veces se ha intentado quitar tantos trámites? Mucho ruido y pocas nueces. ¡Qué paradoxal! A mayores controles, mayor corrupción. Uno no entiende cómo un alcalde, un gobernador para llegar a las altas esferas del gobierno central tenga que buscar “padrinos” para tener acceso a los ministros o directores de institutos descentralizados. Si es dinero que corresponde a los departamentos o a los municipios, ¿por qué tiene que ‘controlarlos’ el gobierno central? Pregunto: ¿entonces, para qué los órganos de control? La tan cacareada Colombia Eficiente, en la práctica se ha convertido en letra muerta. Me causa risa la llamada Ley de Garantías, ¿para qué? Pregunto: ¿con ello se está logrando evitar el desgreño presupuestal? ¡Mentiras! Hacen engorroso e imposible la ejecución presupuestal. Por favor, Señores parlamentarios, acaben con esa ineficiente Ley de Garantías. Por favor, dejen gobernar y permitan que los ordenadores de gasto optimicen los recursos y lleguen al servicio del ciudadano, -no seamos más papistas que el Papa-. La ineficiencia del Estado está más en la mente y en nuestra legendaria idiosincrasia que en las normas que se emiten diariamente. ¡Ah!, qué dolor de cabeza que causa tener que ir a pedir un servicio a la administración pública! ¿Cuándo será que tengamos un Código Disciplinario que mande a las tinieblas exteriores a tanto funcionario mediocre e ineficiente que con su actitud displicente frena y torpedea los resultados de los procesos administrativos?
