Álvaro Hernando Cardona González
Sin duda en Colombia la solución a los problemas sobre tenencia, posesión y propiedad sobre la tierra o suelo ya no puede aplazarse. Y a diferencia de lo que afirman algunas organizaciones delincuenciales, que posan de legales y de interesarse por nuestro pueblo, estos problemas no solo cobijan al suelo rural, sino al urbano. Incluso a veces es más difícil estos últimos por el valor que tienen, la visibilidad para todos incluidos los terceros y que allí no entra a terciar una autoridad nacional sino una local.
El mayor lío que tiene la claridad sobre quién es dueño de predios, está en la falta de información confiable en la tradición, entendida esta como los sucesivos traslados de titular. Imagine el lector esto, el predio A de 20 hectáreas en la vereda X; ese predio seguramente es hoy el resultado de dos cosas: 1) Un pedazo de tierra resultante de dividir y dividir, en el tiempo, el área original, y 2) Un propietario que es hoy el último de muchos que ese pedazo de tierra ha tenido.
Esa falta de información, esos fraccionamientos de tierra y esas sucesiones de propietarios, a su vez son resultado de algo original: el primer “dueño” fue la Nación, digamos el Estado. ¿Cómo así? O sea que, ¿todo Colombia primero fue del Estado? Pues por ahora digamos que así es, porque si queremos confundir deberíamos decir que los primeros “dueños” de Colombia fueron los indígenas, y luego los españoles. Sólo con la República independiente, el Estado actual se hizo dueño. Pero lo que sí es fácil entender es que como en épocas antiguas la gente no había parcelado, cercado y ejercido señorío todos los terrenos, pues lo que no era de un particular era del Estado. O mejor, sólo era de particulares lo que el Estado autorizaba (hoy eso se llama “adjudicación”).
¿De quién es una selva o un páramo, o un nevado? Seguramente esos terrenos no están escriturados y registrados como de particulares, bien, son del Estado.
La realidad es que todas estas situaciones no se fueron registrando debidamente, y claro, hoy aclararlas es imperioso para poder saber qué decisiones tomar. El lío es grande; con el 32 por ciento de población campesina, esto que hemos dicho se ha acomplejado aún más. Porque mayoritariamente el campesino a creído que el sólo hecho de tener y trabajar tierra es suficiente para hacerlo propietario. Entonces se ha asentado en suelo no apto para lo que sabe trabajar, no ha hecho sino documentos privados o no protocolizados para venderlos y tampoco legaliza las sucesiones o herencias por muerte del anterior tenedor.
Concluimos, por ahora, que la falta de claridad sobre la propiedad y uso del suelo es un escollo en el progreso y la seguridad jurídica. Un problema enormemente complejo para resolverlo, y mucho más, si seguimos sin sincerarlo, lo cual es costumbre muy colombiana.
