Ernesto Cardoso Camacho
La dinámica política en la que transcurre la campaña presidencial permite avizorar que, desde la primera vuelta del 29 de mayo, se perfila un duro enfrentamiento entre los candidatos Fico Gutiérrez y Gustavo Petro, quienes representan dos claras tendencias ideológicas y dos visiones del desarrollo nacional.
En medio de tan ardua confrontación estarán, hasta mayo, Hernández y Fajardo, quienes buscan con cierto desespero una posible alianza que les permita algún chance de competir por el tiquete a la segunda vuelta de junio. Sin embargo, las circunstancias de cada candidatura que no logran pasar del 10% en las encuestas, pero que presentan guarismos muy similares, hace muy difícil que el uno resigne en favor del otro; y además, sus propuestas solamente tienen un denominador común y es la lucha frontal contra la corrupción.
Por otra parte, Fajardo es candidato elegido por una coalición interpartidista en la Consulta de marzo, hecho que le representa ciertas limitaciones legales para formalizar la alianza; mientras que Hernández se inscribió por firmas y ha sido enfático en señalar que su candidatura es un claro rechazo a las maquinarias partidistas. En tales circunstancias, se observa muy difícil una alianza entre los dos y al final cada uno jugará a ser decisivo en la definición de junio. No obstante, de consolidarse dicha alianza, su fuerza electoral no les alcanzará para desplazar a Fico o a Petro en su clara opción de ganar el tiquete para junio.
Lo que estamos viendo en los días recientes indica con claridad que mientras Petro busca con cierto afán conquistar electores de los partidos tradicionales con fuerte representación en el congreso, Fico obtiene sólidos respaldos de tales estructuras partidistas. La adhesión del liberalismo orientado por Gaviria es una clara muestra de que se perfila una gran alianza de Unidad Nacional en torno a Fico, con la cual se consolidará la propuesta del Equipo por Colombia que lo eligió como su abanderado. Mientras por el otro lado, Petro afianza su idea de Pacto Histórico con los sectores alternativos y disidentes de los tradicionales, con la ilusión de ganar en mayo, pues sabe que para junio sus posibilidades de triunfo estarán menguadas.
Ello explica que los acontecimientos registrados en la última semana pretendan afianzar la opción de Petro de ganar la presidencia en mayo. Me refiero en particular a tres de ellos que tienen sus propios vasos comunicantes. El más trascendente, sin duda alguna, es la decisión judicial en contra de Uribe que busca avanzar en el propósito perverso de aislarlo del debate y finalmente conducirlo a una condena, luego del escarnio a que lo han sometido sus detractores con la complicidad de un sector de la rama judicial. El segundo, no menos importante, el debate de moción de censura en el congreso contra el ministro de Defensa, previamente adobado con la insólita pero eficaz estrategia de sindicar a los generales de las Fuerzas Militares de “ pertenecer a la nómina del clan del golfo mientras dicho grupo criminal mata sus soldados”, según trino del propio Petro. Y el tercero, la negociación desvelada con paramilitares y corruptos condenados en la Picota, a través de Piedad y el propio hermano del candidato, en búsqueda de apoyos económicos y electorales.
Estamos abocados entonces a escoger entre dos opciones claramente antagónicas. El Pacto de Petro que pretende cambiar el modelo económico, político y social ofreciendo demagogia y populismo con propuestas claramente contradictorias. Busca por ejemplo acabar con la industria petrolera y minero energética y al tiempo ofrece ríos de leche y miel a los sectores más desprotegidos de la población, cuando es evidente que dicho sector de la economía aporta cerca del 15 % de los ingresos fiscales de la Nación. Pero además, ofrece romper el centralismo bogotano con darle autonomía a las regiones más deprimidas, precisamente en las que hoy florecen el narcotráfico y la violencia.
Por su parte, Fico busca consolidar una propuesta de Unidad Nacional con amplio respaldo ciudadano y con fuerza política en el congreso; en el indispensable propósito de corregir los errores institucionales de nuestra frágil democracia y avanzar en las reformas estructurales urgentes e inaplazables en el sistema político y electoral; en el de la justicia; y en la creación de oportunidades mediante la dinámica empresarial del sector privado y el emprendimiento juvenil; políticas públicas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana; fortalecer el orden, las libertades y la democracia.
