José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
19 de abril, cumpleaños del grupo terrorista que nació con ese nombre en 1970; el mismo que, otro 19 de abril, celebró asesinando a José Raquel Mercado y dejó su cadáver dentro de una bolsa; el mismo del candidato progresista que, años después, sería filmado por su compinche empacando fajos de billetes en otra bolsa.
Sí, el “señor de las bolsas” que, con actitud desafiante, lanza acusaciones temerarias contra el Ejército, cuando aún está fresca la sangre de siete soldados asesinados por el Clan del Golfo el pasado… 19 de abril.
Las muertes son estadística, y el país se interesa más en la investigación de la Procuraduría para establecer si el general Zapateiro intervino en política por su respuesta digna a Petro, ante su acusación infundada y cobarde de generales en la nómina del Clan.
Para la izquierda, el general tenía que tragar entero y en silencio que el excomandante del M19 insultara al Ejército para conseguir votos protegido por su fuero, pues Petro se resiste a renunciar al Senado para dedicarse a su campaña.
La muerte de 11 personas armadas que enfrentan al ejército en un “bazar cocalero” es calificada de masacre, pero el asesinato de siete soldados no lo es. Aún están frescas las imágenes de policías que iban a ser quemados vivos por terroristas de la primera línea, y la violencia y el caos del ataque narcoterrorista disfrazado de paro, frente a un ESMAD maniatado y soportando estoicamente insultos y agresiones.
El país recuerda la imagen de un soldado, amenazado con machete al cuello por un indígena invasor, o la de un escuadrón insultado y sacado a empellones del Cerro Berlín en 2012, por indígenas violentos a los que no se les puede tocar un dedo.
En Colombia ha hecho carrera el irrespeto impune a la Fuerza Pública, que en otras sociedades se castiga con severidad, pues el respeto por la autoridad es la base para preservar el orden social. Aquí, por el contrario, cualquiera golpea al agente que le pone un parte o patea por la espalda a una indefensa mujer policía, mientras el uso de la fuerza legítima del Estado es calificado por la izquierda y los tribunales de violación de Derechos Humanos.
Para los fines del comunismo es estratégico deslegitimar a la Fuerza Pública, hasta convertirla en el “enemigo interno” del que tiene que defenderse la sociedad; es la mejor forma de exacerbar el desorden social, para erigirse luego en salvadores y justificar un régimen que elimine las libertades para restaurar el orden.
¡EXIJO RESPETO!, reclamó el general Zapateiro, para quienes “han defendido la democracia, hasta ofrendando sus propias vidas”, y un Petro arrogante ripostó: “En mi gobierno, los generales le obedecerán al presidente”. Siempre lo han hecho, señor Petro y, lo harán si usted lo fuera, pero usted no será presidente; de eso nos encargaremos en las urnas los demócratas de este país.
