Paloma Valencia
Putumayo tiene 20 mil hectáreas de coca y es el tercero en producción a nivel nacional. Se repite lo que sucede en muchos lugares de Colombia, donde hay una guerra entre las dos organizaciones criminales para controlar el negocio: El Grupo armado residual “Carolina Ramírez” de Gentil Duarte, y el GAOr “Comandos de Frontera” o “Frente 48” de Iván Márquez. Entre 2021 y 2022 han tenido más de 27 confrontaciones, 271 ataques a la población civil y 228 homicidios. Es imperioso que el Estado actúe para evitar que su guerra siga asesinando ciudadanos inocentes. El 28 de marzo el Ejército ejecutó una operación especial contra el narcotráfico en Puerto Leguízamo. Muchos han dicho que se ejecutó sin respeto a los estándares del DIH. No fue así.
La operación fue planeada desde agosto del 2021. El 11 de marzo se tienen las pruebas de la presencia de los miembros armados y del bazar donde estarían presentes los disidentes. El 16 se decide ejecutarla.
El bazar era solo un camuflaje. La Defensoría en alertas tempranas, había advertido que los grupos ilegales promovían y financiaban actividades sociales como mecanismo para esconder la llegada de la pasta base de coca que deben traer los campesinos cocaleros. Las invitaciones a los bazares se hacen públicas, y se obliga a civiles a participar de él. Es la estrategia de guerra híbrida, donde la criminalidad usa a la población civil para esconderse y protegerse de la acción de las Fuerzas Armadas. Además, sirven para recuperar el dinero: venden licores, comida y servicios de prostitución a precios altísimos para quitarles a los campesinos lo que les acaban de pagar.
Alto Remanso no cuenta con más de 12 casas. Impresiona en las fotografías del área que la casa comunal, la más grande, es la única con un techo especial, y es ahí donde se guarda la pasta de cocaína. La ubicación, además, a 5 minutos en lancha del Ecuador, favorece el tránsito que hace el “Frente 48” hasta los laboratorios de PBC. Esta nueva modalidad de laboratorio ha surgido por la dificultad de conseguir los precursores químicos. Se trata de laboratorios artesanales, de estructura liviana que evaden así la persecución a los tradicionales laboratorios finales de clorhidrato de cocaína.
El 17 de marzo la operación inicia con la infiltración terrestre. El 26 se decide no ejecutarla por la presencia de civiles en el bazar. Se espera hasta la mañana del 28 de marzo, cuando gran parte de los civiles ya no están y la condición de los criminales favorece la operación.
A las 7:20 a.m. el equipo “Tirador de Alta Precisión” ejecuta la operación. Los tres objetivos armados son dados de baja con tres disparos. La operación habría podido concluir ahí. Sin embargo, los criminales empiezan a disparar al Ejército. Un hombre de las fuerzas sale herido. Presuntamente, el Ejército recibió disparos desde Ecuador, y desde una lancha del río Putumayo. El combate se extiende por dos horas, lo cual demuestra la capacidad que tenían los disidentes. A las 9:52 se finaliza la operación. A las 11:50 el CTI entra, pues desde agosto del 2021 la Fiscalía tenía información sobre la operación. De los 11 muertos 9 están identificados con antecedentes criminales. Dos de los 4 heridos ayudaron con armas. El Ejército también logró incautar fusiles, pistolas, municiones y dinero.
Lo cierto es que a las madres les duele la muerte de sus hijos así sean parte de estructuras criminales. Este es el dolor de un país atrapado en el narcotráfico, nuestro único y real enemigo. Deberíamos todos estar unidos en acabar ese negocio que solo trae sufrimientos y violencia.
