Alba Diela Calderón Parra
Cada día aumentan en cantidad y en proporciones alarmantes los actos de corrupción de servidores públicos, observando que las denuncias, en muchos casos no son tramitadas por parte de los organismos de control, olvidando que a los ciudadanos como miembros plenos de una comunidad, nos asiste el deber y derecho de vigilar y defender los bienes públicos, dándonos la oportunidad de influir en el destino de la sociedad.
Al ciudadano le compete un cúmulo de deberes y derechos establecidos en las normas: debe ser protagonista en el desarrollo de la sociedad dentro de un Estado social de derecho; participar activamente en el ordenamiento de las relaciones ciudadanas, entre sí y con el Estado; comprometido en la instauración de una cultura cívica de solidaridad sin distinciones; ejercitarse en la práctica diaria de la tolerancia, dispuesto a mantener una actitud crítica frente a la administración de lo público; convertirse en un ser activo en la construcción de un tejido social justo, trabajador incansable por la paz y forjador de ella, fomentando la convivencia pacífica y el respeto a las diferencias. El ciudadano debe ser, en suma, protagonista en: la concepción e instauración de la educación, la cultura, la ética de los valores, en el proceso de refundación, reconstrucción y transformación de la sociedad.
En Colombia, según la Ley 1757 de 2015, el control social es el derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de organizaciones, redes e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, para la correcta utilización de los recursos. Estamos en mora de aprovechar los instrumentos que nos da la Constitución Política de 1991 y todos sus desarrollos normativos, que establecen la democracia participativa y crean espacios para la participación y la construcción de la sociedad civil. No obstante ser Colombia el país de los más reglamentados en la materia no ha podido desarrollarse estratégicamente en el rol de la participación. Entre muchas causas podemos enumerar algunas: falta empoderamiento de las comunidades y no apropiación de los mecanismos de fiscalización sobre la inversión de los recursos y uso adecuado de los bienes públicos, acompañado de carencia de liderazgo de las organizaciones, desarticulación de acciones y paralelismo en las actividades que realizan; bajo nivel de capacitación y formación para la participación comunitaria, el compromiso ciudadano y la corresponsabilidad social; desconocimiento de funciones y escasa actividad de los Comités de Control Social de salud, educación, servicios públicos, veedurías ciudadanas, etc.; poca apertura de la institucionalidad hacia un trabajo de las organizaciones en el desarrollo de proyectos; deterioro de la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones del Estado; poca divulgación del accionar de las organizaciones de la sociedad civil; falta de participación ciudadana en la elaboración de los diagnósticos sociales, la construcción de políticas públicas locales y la implementación de los programas; ausencia de la universidad en los procesos comunitarios; desviación de objetivos en los programas asistenciales y ausencia de la comunidad en su desarrollo; la falta de una sociedad civil fuerte y de partidos políticos verdaderamente democráticos; el egoísmo, la ambición, el afán de dominio, acentuados por el poder del mercado y del dinero que todo lo permea y propicia la corrupción.
Como forma de rescatar el rol protagónico y soberano de las organizaciones de la sociedad civil, proponemos la conformación de las Redes Sociales o Redes Ciudadanas, que creen las condiciones necesarias para fortalecerse para la satisfacción de intereses comunes, el mejoramiento de la calidad de vida y participación democrática en los destinos del Municipio. Las Redes podrán ejercer la vigilancia, la crítica constructiva, el consenso y disenso, el seguimiento, la evaluación, la deliberación, la sanción social y por qué no, el reconocimiento a la gestión. Es necesario la toma de conciencia sobre la necesidad inaplazable de un compromiso social-político en la construcción de una democracia ciudadana de participación real y efectiva para la defensa de los intereses comunes y la recuperación de lo público como bien colectivo.
