José G. Hernández
Los recientes acontecimientos nos llevan a recordar, una vez más, que uno de los valores fundamentales de nuestra organización estatal reside en la garantía de la vida, la integridad, las libertades, los bienes, la tranquilidad y los demás derechos de los gobernados.
Según el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado -entre otros- servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. La misma disposición señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Por otra parte, la ciudadanía -especialmente en un sistema democrático, como se supone que es el colombiano- tiene derecho a que sus máximas autoridades le entreguen información completa, veraz e imparcial, con mayor razón si están de por medio sus derechos esenciales, su seguridad, la vida y la integridad personal. La transparencia y la sinceridad del gobierno y de la administración en cuanto al ejercicio de sus funciones, es un elemento imprescindible para que pueda existir empatía entre los gobernantes -que son servidores- y los gobernados. Al tenor del artículo 23 de la Carta Política, “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.
Estas reglas no se cumplen cuando, en vez de llamar las cosas por su nombre, el gobernante decide que sus comunicaciones con el pueblo se fundan en el eufemismo, la imagen, los anuncios sin realización y la presentación de logros inexistentes.
Vale la pena que el nuevo gobierno colombiano -cualquiera que sea- asuma una actitud distinta, y se conecte con la realidad y las necesidades de los colombianos, y cambie los discursos oficiales sobre frías e inútiles estadísticas, promesas incumplidas de sometimiento y derrota de la criminalidad y los engañosos informes sobre grandes realizaciones y planes de protección estatal, por mensajes de genuino compromiso con los cometidos constitucionales y su realización.
En estos días, por ejemplo, a raíz de la extradición de alias “Otoniel”, líder del autodenominado “Cartel del Golfo” -a la cual se procedió antes de dar paso a la realización de la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas en Colombia-, tuvo lugar un agresivo y criminal “paro armado” durante el cual los paramilitares de esa organización se tomaron literalmente doce departamentos, quemaron casi doscientos vehículos, amedrentaron a la población y cobraron varias vidas inocentes.
El Estado no cumplió su función protectora, como lo anunció, y lo cierto es que, a lo largo de los días de esa actividad delictiva, no hubo «actos aislados», exagerados por los medios de comunicación -como proclamó el presidente Duque-, sino toda una programación y ejecución coordinada de acciones que se extendieron hasta que así lo quiso la organización terrorista. Y las víctimas, indefensas.
