«Yo quiero que el nombre de mi hijo quede limpio, que esto no le siga sucediendo a nadie”, dijo el señor Dioselino, padre de Dagoberto Charry.
Los familiares de las víctimas de asesinato o desaparición forzada que fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado en Huila expusieron sus demandas de verdad, de reconocimiento de responsabilidad y una serie de observaciones a las más de 100 versiones de miembros de la fuerza pública por estos graves crímenes investigados en el caso 03 de la JEP.
La audiencia de observaciones del subcaso Huila, en el que se estima un universo de cerca de 130 crímenes perpetrados entre 2005 y 2008, conjugó el escenario judicial con lo simbólico. A través de tejidos, fotografías y testimonios sobre las víctimas quedaron registrados sus sueños truncados y el impacto en la vida de madres, padres, hermanas, esposas e hijos después de padecer estos crímenes.
Allí las familias reiteraron que buscan que se recupere el buen nombre de sus seres queridos y se restablezcan sus derechos vulnerados. También esperan que, además de conocer la verdad de los hechos, puedan comprender la razón por la que sus familiares fueron asesinados de esta manera: ¿por qué los escogieron a ellos si eran campesinos, recolectores de café, ayudantes de construcción, comerciantes o artistas que no tenían ningún tipo de vínculo con grupos ilegales?, se preguntan las víctimas.
“Yo quiero que el nombre de mi hijo quede limpio, que esto no le siga sucediendo a nadie. Es doloroso, este hijo era el que veía por nosotros, era nuestra mano derecha para todo”, dijo el señor Dioselino, padre de Dagoberto Charry, quien fue asesinado en un falso retén militar que el mismo calificó como una “emboscada” durante su declaración en la audiencia.
“Los testimonios de estas familias, de Hilda Guzmán Perdomo, madre de Andrés Mauricio Duarte Guzmán; de la señora Claudia Rocío Lugo, esposa de Óscar Javier Moreno Urazán; de Esther Julia Trujillo, madre de Wynther Jackson Trujillo; de María Vargas Velasco, hermana de Elí Delio Velasco; de la señora Elsa Díaz Astudillo, esposa de Saúl Ortiz Muñoz; de Isidro Rincón, padre de Giancarlo Rincón Cabrera; y de todas las víctimas de este departamento, son valiosos aportes a la justicia transicional”, dijo la JEP.
La información suministrada por las víctimas en esta audiencia de observaciones será clave en la contrastación de la información dada por los comparecientes en sus versiones. Esto conducirá a la determinación de hechos y conductas, con las respectivas imputaciones por los crímenes perpetrados en esta región priorizada.
