La migración masiva de venezolanos hacia nuestro país y otras regiones del mundo refleja la profunda crisis social y económica en que se encuentra sumida la sociedad del hermano país. Desesperado se encuentra el dictador Nicolás Maduro, por la fuerte presión y las sanciones económicas que ha venido imponiendo la comunidad internacional, contra el gobierno de Venezuela. Todas han empezado a generar una metástasis a su dinámica productiva, especialmente a la industria petrolera que era en otrora, la mayor fuente de divisas que tenía el vecino país.
Desafortunadamente el pueblo venezolano es el que más sale afectado por estas acciones dictatoriales de Maduro, más que los altos cargos del Gobierno y los militares, que son los que padecen las consecuencias a la larga por estas medidas, por la salida masiva de familias venezolanas a través de la frontera colombo venezolano,.
El debilitamiento de la dictadura ha quedado al descubierto y no hacen más que crecer. Hay, además, un fortalecido movimiento popular al interior del país, que está luchando por el restablecimiento de las condiciones propicias para la democracia.
Se estima que en Colombia residen más de 1,7 millones de venezolanos de manera ilegal. La diáspora del vecino país ha penetrado todos los rincones colombianos y cada vez son más quienes se ven caminando por todas las carreteras en la búsqueda por un mejor futuro. Con buenos ojos, la comunidad internacional ha respaldado la decisión del gobierno nacional de regularizar la situación social y económica de los migrantes venezolanos presentes en nuestro país.
La promulgación del Estatuto de Protección Temporal para esta población, les van a permitir gozar los servicios de educación, salud y otros beneficios que tienen las familias colombianas. Esta normatividad es una carta de derechos que los beneficiará a estos residentes regulares o irregulares, para dar soluciones de largo plazo a sus necesidades y sacar del limbo legal a aquellos que ya están establecidos en el país, incluso con hijos nacidos en territorio colombiano. El Estatuto, con una vigencia de diez años, da a los venezolanos la posibilidad de hacer su vida en Colombia, de trabajar, desplazarse en el territorio y la inclusión en el sistema de seguridad social, por supuesto la inclusión en salud que nunca se les ha negado, la educación y la inclusión financiera.
Se espera que la comunidad internacional apoye financieramente el sostenimiento de esta población vulnerable. Recordemos que la pandemia del Covid, ha lesionado profundamente las finanzas nacionales y la de los territorios nacionales. Si actualmente tenemos grandes carencias sociales y económicas, la legalización de estos migrantes, van a aumentarlas, en los próximos años.
