La Corporación Medellín Cuenta Conmigo, impulsora de la fallida revocatoria contra Daniel Quintero, reveló un informe donde da cuenta de 150 presuntas irregularidades que habría cometido la administración del distrito en los últimos 29 meses. En la lista aparecen supuestas presiones a funcionarios para promocionar el nombre del movimiento Independientes, grupo que ganó las elecciones locales en 2019, y un sistemático desvío de recursos que se estaría dando para favorecer a terceros.
Andrés Rodríguez, vocero de la Corporación, advirtió que los manejos que se le vienen dando a la Alcaldía de la ciudad, han puesto en riesgo la estabilidad económica y política a razón de que los intereses particulares han sido priorizados.
En este sentido, como argumento, la unidad investigativa de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo divulgó un documento donde encasilla cada una de las acusaciones con los respectivos involucrados, denunciados previamente ante los organismos de control. En consecuencia, en el catálogo aparecen la mayoría de las secretarías de despacho, entidades descentralizadas de la administración y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), comandada por la Alcaldía de la ciudad dado que es la accionista mayoritaria.
Precisamente, uno de los comprometidos es Óscar de Jesús Hurtado Pérez, secretario de Hacienda, pues con base en la documentación recopilada por los denunciantes, presuntamente su familia estaría obteniendo millonarios contratos con organizaciones adscritas al municipio. “Dos años después, la empresa de los hermanos sigue facturando”, informó la Corporación.
Asimismo, en el programa de la primera infancia, Buen Comienzo, habría anormalidades en la contratación “Se han presentado denuncias por disminución de la cantidad y la calidad de la atención, quejas de profesionales y agentes educativos por las condiciones laborales y suspicacias por movimientos contractuales para ejecutar el programa”, manifestó el grupo de veedores.
Sin embargo, la que mayor protagonismo tiene en el estudio es la presunta participación en política por parte de Daniel Quintero y sus funcionarios que estaría profundizada en el marco de las elecciones presidenciales a favor de Gustavo Petro. En el radar de la Corporación están las comunicaciones cifradas que realizó el mandatario electo este año, las mismas que motivaron a la Procuraduría a imponer una suspensión de tres meses contra el alcalde por alzar su voz, presuntamente, en la contienda electoral.
Finalmente, si bien estas denuncias se han presentado ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, algunas alertas apenas están en indagaciones preliminares. Por ejemplo, en el ente de control disciplinario hay al menos 12 carpetas abiertas. Frente a este escenario, la Alcaldía de Medellín asumió que ha obrado al margen de la ley para cumplir el plan de desarrollo que eligieron los ciudadanos en 2019 y, prueba de ello, serían los resultados arrojados hasta ahora en los programas sociales.
