Se trata de Luis Alfonso España Rojas, funcionario (2012 – 2015), por presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
La Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, lo investiga porque, al parecer, la administración habría arrendado un local comercial de propiedad del municipio a la esposa de quien en ese momento se desempeñaba como jefe de la Oficina de Control Interno de la alcaldía.
Para el Ministerio Público, ese contrato no podía celebrarse dado que la arrendataria del inmueble se encontraba inhabilitada para celebrar negocios con el municipio, por ser la cónyuge de un funcionario del nivel directivo del ente municipal, prohibición establecida en las normas sobre contratación pública.
El órgano de control precisó que España Rojas, aparentemente, “actuó en pleno ejercicio de su función como alcalde del municipio y en representación de dicha entidad, y en virtud de dicha investidura celebró el contrato de arrendamiento objeto de censura con quien estaba inhabilitada para contratar con el ente territorial”, por lo que habría vulnerado los principios de moralidad y eficacia de la función administrativa.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del entonces alcalde como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
