El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció que el Gobierno está preparando un proyecto de ley para sancionar con hasta tres años de cárcel suspendida a fiscales o jueces que filtren información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros.
El funcionario explicó que estas filtraciones afectan el debido proceso, pero descartó que la propuesta vaya a afectar la libertad de expresión. Esto porque los periodistas seguirán teniendo el derecho a no revelar sus fuentes, asociado tanto a un derecho ético como a un derecho fundamental asociado al secreto profesional de la profesión.
“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema del código procesal penal que dice que la investigación es reservada. Es decir, solo pueden tener acceso las partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto. Pero si el fiscal, el juez o la PNP, teniendo información reservada, dolosamente, la da a terceros, eso será un delito”, señaló.
Además, detalló que el sistema de justicia es el encargado de asegurar que sus funcionarios reserven la información de casos en proceso de investigación o que ya iniciaron un proceso legal. También mencionó posibles casos en los que está divulgación de información se haría para obstruir la investigación.
“El sistema de justicia tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice, los periodistas tienen sus propios medios, pero cuando se hace para obstruir la investigación, se tiene que establecer un mecanismo punitivo cuando esta información llega a manos de terceros”, dijo. “La propuesta es de una pena suspendida, la propuesta es de dos a tres años de pena suspendida. Porque si la investigación es reservada y se filtra, esto altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales porque así se rotula a una persona como si fuera un delincuente y se viola la reserva”, agregó.
Esta iniciativa está siendo anunciada luego que, semanas atrás, se divulgará en medios de prensa la transcripción de un audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Este audio ya habría estado en posesión del Ministerio Público.
Finalmente, la transcripción recoge una conversación, donde Villaverde le asegura haber entregado un soborno de S/100,000 al ex titular del MTC, Juan Silva, de parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las que, en consorcio, ganó la licitación del puente Tarata por S/232 millones. La autenticidad del audio fue confirmada por el Ministerio Público.
