POR: Jorge Eliseo Cabrera Caicedo
Ya nos estamos acostumbrando, sin que nada pase, a las “órdenes” que a todo nivel de la justicia se profieren, cometiendo en la mayoría de las veces auténticos prevaricatos, sin que ni siquiera se inicie una investigación formal sobre sus conductas. En efecto, es total la impunidad para quienes abusando claramente de sus funciones se entrometen indebidamente en las otras ramas del poder público y en la autonomía de la voluntad de los ciudadanos, como acaba de acontecer, por decisión del Tribunal de Bogotá, de “ordenarle”, mediante un fallo de tutela a los aspirantes a la Presidencia de la República a ponerse de acuerdo para la realización de un tardío debate.
El magistrado Manuel Alfonso Zamudio se apartó de la estrafalaria decisión en cuanto a que el Tribunal no era competente, que no había una violación, amenaza o desconocimiento de los derechos fundamentales de los accionantes que justificara la orden, y por último, que no se habían agotado los mecanismos existentes para tratar de lograr ese objetivo. Además, yo agregaría que es una nueva demostración de la politización de la justicia, como también un absurdo desde todo punto de vista, emitir un fallo cuando estaba ya en plena ejecución la votación en el exterior.
El candidato Petro no tiene ninguna autoridad moral para pedir, por interpuestas personas, la celebración de un nuevo debate extemporáneo, cuando él mismo rehusó asistir a varios debates públicos.
La reforma profunda a la justicia deberá ser una prioridad nacional. No más testigos falsos. No más carteles de la Toga. No más impunidad para quienes administran justicia.
De otro lado, los colombianos ya tenemos la suficiente claridad sobre las prioridades y propuestas de los dos candidatos. El ingeniero, dispuesto a combatir la corrupción con la firmeza que se requiere. El otro, con propuestas populistas irrealizables, como el tren eléctrico elevado entre Buenaventura y la costa atlántica.
No queremos el modelo fracasado del vecino país de Venezuela, lleno de miseria, de pérdida de las libertades, de salarios mensuales equivalentes a tres o cuatro dólares. De ello son testigos los dos millones de venezolanos que huyendo del régimen autoritario hoy viven en Colombia.
