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Zona rural de Neiva no es territorio seguro para víctimas del conflicto armado

Jul 7, 2022

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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez

Hoy se llevó a cabo un nuevo Consejo Territorial de Justicia Transicional con presencia de todos los miembros del comité que lo componen, la Fuerza Pública, entes gubernamentales, Personería y todos los entes que juegan un papel importante en la garantía de los derechos humanos en el Municipio de Neiva. La ciudad quedó con concepto de seguridad negativo en la zona rural.

En Neiva se realizó un nuevo Consejo Territorial de Justicia Transicional con el fin de actualizar el plan de prevención, protección y garantías de no repetición; plan con el que contaba ya el municipio, pero que debía ser actualizado de manera anual. De dicho consejo hicieron parte todos los frentes que garantizan la seguridad y prevalencia de los derechos humanos a todas las personas residentes en el territorio, en especial a los líderes sociales y víctimas del conflicto armado.

“Se evaluaron 5 escenarios de riesgos que se ven dentro del municipio como la amenaza, extorsión, el desplazamiento forzado, el homicidio y el reclutamiento forzado de menores de edad. Teniendo en cuenta esos escenarios de riesgo se toman acciones para cada una de las Instituciones”, resaltó Esmith Duarte Cano, secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva.

Estas acciones deberán implementarse en el municipio, y si ya se están implementando deben fortalecerse para evitar que los riesgos antes nombrados se consuman o materialicen. Es de recordar que los Comités de Justicia Transicional (CJT) son ante todo un escenario para la incidencia política y la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y fueron creados por la Ley 1448 de 2011, conocida generalmente como “la Ley de Víctimas”.

Este escenario representa la mayor instancia de coordinación, articulación y diseño de la política pública de víctimas del municipio. “Se habló sobre las alertas tempranas que tiene el municipio y lo que se debe hacer para prevenir cualquier situación, así como se sometió a aprobación los conceptos de seguridad tanto para el área urbana como para el área rural de Neiva”, informó Duarte Cano.

Riesgo para la zona rural

En medio de ese consenso del que hicieron parte todas las entidades territoriales, se dio un concepto negativo de seguridad para las víctimas del conflicto armado que quieran retornar a ciudad en su zona rural, y quedó positivo para la zona urbana.

“Esto queda de esta manera debido a los acontecimientos y el comportamiento de los grupos al margen de la Ley o grupos armados organizados residuales que se vienen presentando en Neiva, así como algunas acciones de violación de los derechos humanos contra pobladores campesinos y líderes sociales”, sostuvo la profesional.

Lo anterior se da teniendo en cuenta también las situaciones presentadas en el oriente y occidente de la ciudad en los últimos días, donde se ha conocido de posibles grupos pertenecientes a las disidencias de las FARC intimidando y teniendo acciones de intento de homicidio contra 11 personas, entre ellas 5 líderes sociales en el corregimiento Río Ceibas.

¿Qué significa la medida negativa?

La funcionaria explicó que el hecho de tener la medida de seguridad negativa para el área rural, significa que no se pueden aprobar retornos y reubicaciones de víctimas del conflicto armado que quieran regresar al municipio al área rural.

Explicó que para el caso del área urbana se debe “realizar una mesa técnica y se evaluarán las condiciones de seguridad específica de la víctima y al sector donde ella quiera retornar. Esta es una articulación interinstitucional donde estamos todos muy comprometidos con las acciones que se deben adelantar para prevenir la materialización de crímenes en contra de esta población”, dijo la secretaria de Paz y Derechos Humanos del Municipio.

Otros hechos

En las últimas horas se llevó a cabo igualmente un Consejo de seguridad ampliado con ocasión del asesinato de Ronald Rojas, firmante del Acuerdo de Paz y líder social. Se determinó el ofrecimiento de $30 millones de pesos como recompensa a quien de información efectiva que permita la captura de los responsables del crimen que enlutó no sólo al municipio sino al departamento del Huila.

“Se le solicitó a la Unidad Nacional de Protección, fortalecer los esquemas de seguridad de los líderes sociales, para garantizar la vida y la integridad, así como apoyar el trabajo que ellos realizan. Así mismo se solicitó a las instituciones pertinentes, la celeridad a la investigación frente a los hechos que se han presentado en el corregimiento Río Ceibas”, expresó Luisa Fernanda Robles, secretaria de Gobierno encargada.

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