Ernesto Cardoso Camacho
Los anuncios que están haciendo los ministros designados por el presidente Petro están generando mayor confusión e incertidumbre que las promesas del candidato cuando aún estaba en campaña. Pero además incurren en abiertas contradicciones entre ellos, lo que ensombrece aún más el panorama que se vislumbra con el gobierno del cambio.
El más destacado de tales contradictorios anuncios corrió por cuenta de los ministros de Hacienda y la de Ambiente. Mientras el primero ha dicho con claridad que dadas las circunstancias fiscales de la Nación, del entorno global de la economía y de la permanencia indispensable de la producción petrolera como motor del desarrollo; el presidente electo y la ministra afirman con arrogancia, que se le dará punto final al fracking como mecanismo para incrementar la producción nacional de hidrocarburos; ignorando o mejor desconociendo que dicha técnica ya tiene protocolos y normas legales autorizados por el ministerio para probar tanto su eficacia como los instrumentos de sostenibilidad ambiental, los cuales acaban de ser validados por la sección tercera del Consejo de Estado ante la demanda de nulidad instaurada por organizaciones de derechos humanos y de ONG ambientalistas.
Esta será una buena prueba para establecer si el gobierno acepta dicha decisión judicial y si cumple su promesa de respetar el Estado Social de Derecho.
Otro de los conocidos anuncios de la ministra que generan desazón se refiere a su contundente afirmación de que no habrá fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, mientras que en varios estados de Norteamérica las cortes federales han reivindicado su uso en la agricultura, y en Colombia se usa, desde hace muchos años, como herbicida muy útil para el control de malezas para la producción agrícola de diversos productos.
Por otra parte, el reiterado anuncio del propio presidente electo de suprimir o eliminar la Procuraduría ha generado diversas reacciones a favor y en contra. Ha dicho que será reemplazada o sustituida por un organismo judicial que se encargará de combatir la corrupción.
Esta promesa de campaña que compartió con la vehemencia monotemática del candidato Hernández, requiere mucho más que eliminar la Procuraduría. El cáncer de la corrupción política y administrativa exige diversas acciones estatales que empiezan por la reforma estructural del sistema político y electoral; del sistema judicial que incluye a la Fiscalía; de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal no tanto en relación con la dureza ejemplar de las penas si no con los lentos y dilatados mecanismos procesales que, con el prurito del debido proceso, se han convertido en ventanas por donde campea la impunidad.
También es inevitable mencionar los anuncios de la veterana ministra de Agricultura que ha pasado por varios altos cargos en diferentes gobiernos sin resultados exitosos. El gastado discurso de entregarle tierra a quien la trabaja para combatir el latifundio improductivo; con el adobo del capítulo de tierras del Acuerdo de la Habana; por si mismo no resuelve la imperativa necesidad de modernizar la producción agropecuaria para convertirla en motor de la agroindustria y la seguridad alimentaria; ni la urgente atención a los millones de campesinos que exigen vías terciarias conectadas con los centros de consumo; riego; maquinaria y crédito subsidiado; entre otras muchas necesidades sociales como vivienda, salud, educación y tecnología.
Y no podía faltar el anuncio de la ministra de Salud con relación a su tajante afirmación de acabar con las EPS, decisión que conlleva implícita la promesa del candidato de regresar al viejo e ineficiente modelo de la prestación estatal de los servicios de salud, como lo fue en su momento el I.S.S que acabó siendo un nido de ineficiencia y corrupción. Tal anuncio despierta fundados temores si se tiene en cuenta que, con los apoyos de los partidos en el congreso es válido presumir que habrá repartición de mermelada para la aprobación de éste y los demás actos legislativos y reformas legales que los hagan realidad.
Ante este panorama de anuncios, unos nuevos y otros reiterativos de las promesas del candidato, así como de algunas nominaciones de veteranos exfuncionarios de otros gobiernos; dejan la sensación inevitable de que siguen en campaña y olvidan que ya tienen la responsabilidad de iniciar el diseño de las políticas públicas con las cuales deberán hacer realidad la oferta del cambio con la que conquistaron la victoria.
