La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes las violaciones a los derechos humanos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado como la incomunicación de los detenidos o los procesos penales abusivos. La organización internacional investigó durante un año más de 155 casos en los que denunció, por ejemplo, que jueces y fiscales, que en Cuba carecen de independencia respecto al gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en los mismos.
“En la mayoría de los casos documentados mantuvieron a los detenidos incomunicados durante días, semanas o incluso meses, sin poder realizar llamadas telefónicas o recibir visitas de sus familiares o abogados”, dijo HRW.
Adicionalmente, el informe, de 41 páginas, indica que, “la mayoría de las personas detenidas manifestaron que las mantuvieron en celdas atestadas e insalubres, con acceso limitado o nulo a alimentos, medicamentos, agua limpia o protección para evitar el contagio de COVID-19″, añade también que, “las brigadas de respuesta rápida, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el Gobierno, estuvieron implicadas en varias golpizas”.
En este sentido, HRW también le reclama a los gobiernos latinoamericanos, a EEUU, la Unión Europea y otros condenar de manera inequívoca la represión contra manifestantes y críticos en Cuba e instar a que el gobierno cubano libere a todas las personas detenidas.
Por tanto, el informe advierte que, “muchos gobiernos latinoamericanos –incluyendo, recientemente, México y Argentina– han sido reticentes a criticar los abusos en Cuba e incluso han elogiado al gobierno cubano, a pesar de su desastroso récord en derechos humanos. Comprobamos que los funcionarios detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica y arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o incluso semanas”.
Recordemos que hace un año se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones que tuvieron como principal causa la grave crisis económica que atraviesa el país. De acuerdo con la Fiscalía General de Cuba, un total de 790 personas han sido procesadas por las protestas del 11 de julio, de los que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16. Además, se les aplicó “el procedimiento legal establecido” a 27 niños de menos de 16 años.
Finalmente, la ONG Prisoners Defenders, por su parte, señala que al menos 1.046 personas se encontraban hasta mayo en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio. EE.UU. y la Unión Europea, así como ONG cubanas e internacionales, han denunciado irregularidades en los juicios y criticado las altas condenas de cárcel, que en ocasiones han llegado a los 30 años.
