Por: Jose Eustacio Rivera Montes
La Procuraduría General de la Nación es un ente que representa a los ciudadanos ante el Estado, y también la conforman la Defensoría del Pueblo y las Personerías. Que investiga y sanciona a los funcionarios y servidores públicos creada en la constitución política de 1991, bajo el marco del derecho público, que busca tener mayor fiscalización y control de los recursos públicos.
Desde entonces ha sido una entidad cuestionada por los fallos políticos, y de quienes la confirman suelen ser en su mayoría cargos sugeridos por partidos y líderes políticos, además congresistas de la república, que suelen hacer acuerdos, para comprometer su voto al momento de la elección del procurador general por parte del senado de la república. Suelen ser canjes de cargos y votos.
El presidente electo puso a consideración de los colombianos su intención de suprimir este ente de control ante la desaprobación social y su inoperancia. Hecho que ha generado revuelo ante la opinión, constitucionalistas y constituyentes. Hay quienes la aplauden, quienes muestran su desacuerdo, y quienes en definitiva manifiestan que no es jurídicamente viable.
El mal momento de las instituciones públicas no es la mejor, todas en diferentes mediciones han manifestado que los entes de control, la rama judicial en general y la propia fuerza pública no tienen credibilidad y aceptación dentro de la ciudadanía, esta no es quien se salve de un estallido social que sigue con un duro tufillo de inconformismo.
Quienes eligen al procurador general, es el senado de la república, luego de una terna escogida por magistrados que singularmente son escogidos dentro de una dura puja política, que convierte el escenario en un mercado de acuerdos partidistas, en busca de mayorías que den la elección y que, en medio de este proceso, se lleguen acuerdos de cargos y procuradurías provinciales y regionales, y se designan profesionales sugeridos por los congresistas de las regiones. Que generan históricamente que quien sea ungido, persiga a sus adversarios y quienes gocen de las buenas relaciones de político que escoja el funcionario, sea protegido.
Una paradoja pública que no le da coherencia a un estado social de derecho que tiene enmarcarse en el derecho público y que tiene que alejarse de eufuismos politiqueros y proteger los recursos públicos, pero sobre todo garantizar la transparencia de la administración pública.
Comparto totalmente que este ente de control, sea suprimido al igual que la contraloría general de la nación, que a la vez es elegido por la cámara de representantes que pasa por el mismo proceso político. De paso ahorraría cerca de 3 billones de pesos, y que sería bueno discutir, fortalecer más la fiscalía anticorrupción que tener dos desgastantes entes de control que no gozan de buena imagen. Es el momento de los grandes cambios y por ende las grandes reformas que necesita el país.
