Al menos 176 personas que fallecieron hace varios años aparecieron en el año 2021 como beneficiarias del programa Mejoramiento de Empleo Incluyente a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, que fue lanzado para la reactivación económica de la capital tras la crisis por la pandemia de la covid-19. De esas 176 personas fallecidas, 38 figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo.
Tras una auditoría de cumplimiento a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Contraloría de Bogotá D. C. estableció que esos beneficiarios del programa Mejoramiento de Empleo Incluyente tenían registro civil de defunción, algunos de ellos de hace más de 20 años. En la vigencia 2021, la Secretaría de Desarrollo Económico reportó un total de 91 contratos con cargo al proyecto 7.863 (para el mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá) por valor de 67.640 millones de pesos.
De esos 91 contratos, se tomó una muestra de 18 contratos cuyo valor asciende a 63.755 millones de pesos, que equivalen a 94 % respecto del valor total de la contratación realizada con recursos del proyecto.
Ahora bien, el programa Empleo Joven, que a su vez forma parte del programa Mejoramiento de Empleo Incluyente contiene cinco metas, entre las que se encuentran generar 80.000 empleos para personas en general, 70.000 empleos para mujeres, 50.000 empleos para jóvenes y formar al menos 50.000 personas en bilingüismo. Adicionalmente, busca vincular laboralmente a 15.000 jóvenes entre los 18 y 28 años, con un beneficio equivalente al 55 % de los costos laborales asociados a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente hasta por tres meses por cada joven contratado, por tanto, entrega un total de 45.000 beneficios.
Lo cierto es que el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá solicitó a la Registraduría Distrital la verificación de las bases de datos de defunciones con el ánimo de cruzar la información con los beneficiarios del proyecto 7.863 y al hacer ese ejercicio se constató que 176 personas beneficiadas por el programa de empleo tenían las cédulas canceladas por muerte y otra decena tenían cédulas canceladas por otras razones.
La Contraloría de Bogotá D. C. formuló un hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de 94.327.079 pesos con presunta incidencia disciplinaria y penal por falta de control sobre la base de datos de la población beneficiaria, al determinar presencia de personas con identificación cancelada por muerte y otras razones.
En general, la Contraloría Distrital encontró que ese programa, adelantado con recursos del Distrito, provenientes en parte de un crédito y de una adición presupuestal, no fue focalizado y, por lo tanto, los dineros no se dirigieron a población vulnerable, que eran personas en condición de discapacidad, jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI) y madres cabeza de hogar.
La Contraloría de Bogotá D. C. también encontró que con el programa Empleo Joven, que forma parte del programa Mejoramiento de Empleo Incluyente, la Secretaría de Desarrollo Económico benefició a diez grandes empresas, cuando el objetivo era subsidiar a micro, pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, ante esta última situación, la Contraloría de Bogotá D. C. formuló un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en la ejecución del programa Empleo Joven por incumplir las condiciones pactadas respecto a la priorización de empresas y el modelo de equidad.
