Según informó el Ministerio de Seguridad, las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.100 personas, a las que acusa de ser pandilleros, desde finales de marzo al amparo de un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales.
La entidad señaló que, en más de 100 días de régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, los arrestos han llegado a 46.120. Estas detenciones masivas se enmarcan en lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele llama guerra contra las pandillas y que, según el mandatario, está cerca de ganar.
Ahora bien, este dato hace parte de la casi nula información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal. Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
Por tanto, las ONG salvadoreñas e internacionales han expuesto estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que han fallecido bajo custodia estatal.
Tanto así que, el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En consecuencia, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo. Una investigación del medio El Faro apunta que la ola de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo de Bukele y las pandillas. Sin embargo, el mandatario, ni ningún alto funcionario del Gobierno, han respondido a esta acusación.
Por su parte, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, invitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a evaluar los resultados del Plan Control Territorial, con el que el Gobierno del presidente Nayib Bukele busca combatir a las pandillas. Además, informó que la ONU enviaría una misión especial para evaluar dicha estrategia de seguridad, implementada desde 2019.
Al parecer la misión estaría integrada por representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, del Departamento de Asuntos Políticos (DAP) y de la Oficina de las Naciones Unidas por la Droga y el Delito (Unodc). Asimismo, la información de La Prensa Gráfica indica que Félix Ulloa invitó al secretario general de la ONU, António Guterres, a realizar una visita in situ a El Salvador.
