Ernesto Cardoso Camacho
Como si no hubiere sido suficiente la histórica demagogia de los políticos que llegan al congreso en representación de los diversos partidos y movimientos, ahora, en los tiempos del cambio, persisten en sus acostumbradas maniobras de engañar a sus electores y a toda la sociedad colombiana.
Esta afirmación viene a cuento con ocasión de los diversos proyectos de Actos Legislativos que han radicado en el congreso los voceros del Pacto Histórico; el Centro Democrático; el liberalismo; conservadores; los Verdes y otros sectores, todos ellos, a excepción del CD; agrupados en la gran coalición que apoyará al gobierno que inicia el próximo 7 de agosto.
Las expectativas e ilusiones se empiezan a desvanecer. La promesa de cambiar las mañas y vicios de la política que han sido, sin duda alguna, la fuente principal de la corrupción; no se van a corregir con los paños de agua tibia que están proponiendo en tales actos legislativos. Para entender mejor esta triste realidad, es menester recordar que uno de los mecanismos para reformar la constitución, es precisamente el Acto Legislativo que, aprobado en dos legislaturas distintas, pasará a examen de la Corte Constitucional.
¿Pensarán estos “padres de la patria” que podrán seguir engañando a los colombianos luego del categórico rechazo que hoy se percibe en todos los sectores de la opinión? Lo más decepcionante es que hubo una renovación cercana al 60% de los miembros del congreso.
Pues bien. Las “grandes reformas” anunciadas se refieren a disminuir sus salarios, pero a partir del 2026. A disminuir el número de congresistas y su período vacacional. Algunos plantean restringir los escoltas y carros a su servicio y que asuman el costo de los celulares. No tocan el número y costo de las Unidades de Apoyo Legislativo ni de la enorme burocracia que se reparte en las comisiones legislativas y mesas directivas. En conclusión, reformas cosméticas dirigidas a conservar sus principales privilegios, cuando muchas de ellas se podrían adoptar mediante simples leyes o decretos del gobierno o incluso de actos administrativos de las mesas directivas.
Lo que esperamos con cierta ansiedad y urgencia los colombianos son reformas estructurales sobre el régimen o sistema político vigente, el cual ha hecho metástasis como un cáncer que ha invadido todas las esferas de la arquitectura institucional diseñada en la constitución.
Son tantas y tan diversas las reformas que a modo de ejemplo se pueden mencionar algunas. Acabar con la circunscripción nacional para el senado. Suprimir el voto preferente para que haya listas cerradas y obligar a que los candidatos a todas las corporaciones e incluso las de elección uninominal como gobernadores y alcaldes, se escojan mediante consultas internas de los militantes de cada partido o movimiento. Evitar las elecciones para reemplazar a gobernadores o alcaldes y definir que sean sucedidos para terminar los períodos institucionales, por quienes ocuparon el segundo lugar en las votaciones respectivas, a condición de que pierdan por un margen máximo de 10 puntos con relación al ganador. De lo contrario si se repetirá la elección. Establecer la financiación total para todos los aspirantes en las elecciones nominales y a cada lista única de partidos y movimientos en las de corporaciones. Restringir a máximo dos períodos consecutivos la reelección inmediata en las corporaciones. Y un muy estricto régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los elegidos, el cual sea investigado y juzgado por una entidad anexa a la Corte Suprema de Justicia que tenga máximo 5 magistrados auxiliares como titulares de tal función, escogidos por la Sala Plena.
En fin, son muchas las reformas estructurales que amerita nuestro sistema político y electoral si de verdad se quiere combatir el foco de la corrupción y revitalizar nuestro sistema democrático.
La gran coalición de apoyo al gobierno del cambio debería comenzar por esta reforma estructural. Pero lo que se observa es una nueva frustración, o el camino para una Constituyente que revoque este congreso y elija uno nuevo comprometido con la inaplazable reforma estructural del sistema político y electoral.
