Por: Gerardo Aldana García
Cuando Petro, entonces candidato, anunció señales de esta iniciativa, su triunfo fue amenazado tanto por los grandes terratenientes como por los medianos y pequeños agricultores quienes pensaron se amenazaba su propio interés económico. El riesgo de no llegar a la Casa de Nariño fue tan grande que se vio precisado a declarar ante un notario público, que en su mandato no expropiaría a nadie. Antecedió esta declaración, comentarios de directivos de su campaña que decían: firme y jure lo que el pueblo quiere oír y cuando sea presidente, haga lo que quiera. Pues bien, hoy Petro presidente, habla mediante funcionarios como la propia Ministra de Agricultura Cecilia López, quien desde antes de posesionarse ya declaraba que los impuestos a la tierra llegarán a ser tan altos que los propietarios, al no poder pagarlos, se verán en la necesidad de vender sus predios al Estado. En otras palabras, una forma legal, aunque tal vez oprobiosa, de expropiar. Hay subterfugios que, por más maquillaje en su rostro, no tardan mucho en lucir la piel enferma. El tema es que al ubicarnos frente a la realidad del esquema impositivo a la tierra, por más que el gobierno, para suavizar la magnitud de la extrema medida, exprese que serán fundos con extensiones tales como 1.000 hectáreas los sujetos de alto gravamen, es un hecho muy probable el que, a la hora de imponer los incrementos, los municipios bajo el direccionamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, no tengan el cuidado de establecer una caracterización bajo rangos de extensión y productividad y muy al contrario metan en un solo saco a todos los productores, llevando al traste con la propiedad de los pequeños agricultores y también a medianos y grandes que están impulsando la producción nacional. Un ejemplo de ello son municipios como Rivera en donde la administración del alcalde Néstor Ramiro Barreiro, elevó de tal manera los impuestos a los inmuebles y predios urbanos llevando a los ciudadanos a la imposibilidad de pagar el oneroso tributo, exponiéndose al embargo, secuestre y remate de su patrimonio familiar.
El esquema de abultados tributos por la tenencia del predio está inspirado por el gobierno en el propósito de hacer más productivas las tierras. Claramente, si un productor no puede pagar los impuestos de su finca, de la cual vive su familia y genera excedentes para el mercado local o regional, así no sea con altos niveles de productividad, así en una hectárea de ladera la capacidad de carga sea de apenas una vaca o solo cinco cargas de café por Ha en zonas marginales, entre otras cosas por los altos precios de los insumos, es un hecho cierto que al perder el predio por no pago de impuestos, engrosará el cordón de desempleo, desplazamiento y hambre en ciudades. Y todo para qué, disque para entregar las tierras a otras personas que hagan más productiva la tierra. ¿A quiénes? ¿A nuevos campesinos? ¿O a improvisados agricultores, sin vocación y apenas con el sueño de ser propietarios? Las reformas agrarias en Colombia están llenas de experiencias en donde se le han entregado tierras a personas que no han sido formadas en el campo y que una vez al recibir los predios, se las arreglan para venderlos a un tercero que, en muchos casos, utiliza el terreno para veraneo o simplemente para engordarlo y esperar una mejor venta. Un ejemplo en Huila es la Hacienda Potosí de la familia Fierro; parcelada y entregada a nuevos dueños sin vocación ganadera que luego vendieron. Esas tierras siguen siendo fundos más pequeños, con una precaria productividad.
Pero el tema de los más impuestos a la tierra lleva igualmente a que los propietarios vayan buscando opciones que le permitan generar el ingreso y mantener en su poder el predio. Sin duda, el turismo es uno de ellos. Abandonan la labor de la tierra y se dedican a vender servicios de alojamiento, gastronomía, senderismo, miradores, piscinas naturales, etc. La Ulloa es un ejemplo. Era una despensa agrícola para Neiva. Hortalizas y diversidad de frutas como pasifloras y cacao en la oferta, que otrora asombraban por su volumen varias veces a la semana en Surabastos, hoy no produce el 20% de lo que hace cinco años. Adicional a ello, los predios antes muy productivos, han sido subdivididos para ser vendidos como lotes campestres, con un significativo incremento que puede llevar a precios que llegan sin problema al precio de 1.000 millones de pesos por una hectárea.
El gobierno de Petro debería pensar mejor las cosas. La seguridad alimentaria puede estar en riesgo con la extrema medida de mayor impuesto a la tierra. No debería ser éste el mejor escenario para buscar generar mayores ingresos. El sector agropecuario es muy sensible a medidas como la propuesta en comento. Por supuesto, no es de desestimar la aprehensión creciente de la ciudadanía que ya empieza a revivir el fantasma de un régimen que amenaza la libertad de empresa, el libre albedrío para decidir su forma de vivir.
