Durante toda la discusión que se está dando en el Congreso de la República para iniciar el debate sobre la reducción del salario de los senadores y representantes, se conoció una reforma que implementaría el “servicio público ad honorem” de los integrantes del Legislativo. Se trata de un proyecto de acto legislativo que modificaría tres artículos de la Constitución para que quienes lleguen al Congreso puedan mantener su remuneración económica con base en su profesión o actividad empresarial, siempre y cuando, sea con el sector privado.
En ese sentido, ser senador y representante a la Cámara sería una vocación por la ciudadanía y no tendría remuneración económica. “Quien ostente la condición de Senador de la República o Representante a la Cámara, no percibirá ninguna retribución económica por su asistencia, permanencia y participación en las sesiones plenarias de cada corporación, en las sesiones de comisiones cualquiera sea su naturaleza, ordinarias o extraordinarias. Su ejercicio será ad honorem y no tendrá vinculación con laboral con el Estado”, es el texto con el que quedaría el artículo 187 de la Constitución.
No obstante, pese a que no exista ese vínculo laboral con el Estado, sí se mantendría el régimen de inhabilidades y cada uno de los legisladores deberá reportar el posible conflicto de interés, si llegara a presentarse. La exposición de motivos de la iniciativa indica que no tiene sentido que quien llegue al Congreso tenga unos privilegios especiales porque la tarea de cada uno de los legisladores es representar a los ciudadanos y no una actividad para lucrarse.
Se explica además que, en muchas ocasiones se ha intentado reducir o congelar el salario sin éxito y que este tipo de proyecto es la primera vez que se presenta en el Congreso de la República. Por tanto, quienes presentaron esta reforma constitucional creen que es la mejor manera de acabar con la polémica que se genera sobre los salarios de los congresistas y, además, se acabaría con el problema de que algunos lleguen al Legislativo para enriquecerse.
Precisamente, la iniciativa está firmada por Mauricio Gómez Amín, Miguel Uribe, Antonio Zabaraín, Paola Holguín, Paloma Valencia, Jaime Durán, Enrique Cabrales, Juan Felipe Lemos, María Fernanda Cabal, Carlos Abraham Jiménez y otros congresistas. Claramente, este proyecto de acto legislativo generará un amplio debate, pero es la primera vez que esta propuesta llega al Congreso. Otros legisladores creen que con esta propuesta se acabaría ese populismo de estar proponiendo cada año una reducción salarial que nunca se logra por diferentes razones.
Finalmente, no se ha conocido la postura de los sectores de izquierda del Congreso, quienes justamente prometieron en campaña bajar los salarios, pero hace poco dijeron que sería a partir de 2026. Esta reforma será socializada en los próximos días con todos los sectores políticos para lograr el mayor respaldo posible, aunque seguramente no caerá bien para algunos legisladores.
