Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Guacacallo. A 20 años de prisión fue condenado Yadirson Motta Chávarro.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Yadirson Motta Chávarro acosó de tal manera a una menor de 13 años en el corregimiento de Guacacallo –en Pitalito- que llegó al punto del hostigamiento y la presión sin límites contra la niña.
Los hechos ocurrieron en 2020. La menor de edad residía en una vivienda contigua a la casa de su verdugo, según relata el expediente judicial. Ella vivía con sus abuelos maternos, de 80 y 76 años de edad. “Cuando Yadirson Motta Chávarro empezó inicialmente a hablarle a la menor, quien era su vecina, diciéndole piropos, luego escala al asedio de la pequeña, para continuar con el acoso y la persecución de la misma, aprovechando cualquier salida del inmueble de la menor para perseguirla, decirle y gritarle palabras vulgares, seguir a la menor a la tienda o al lugar que se dirigiera la pequeña, para enviarle besos, para decirle que tendría sexo con ella, que obligatoriamente sería su moza, que ella, la niña, era de su propiedad y podría hacer con ella lo que quisiera”, afirma uno de los testimonios que reposan en el acervo probatorio del proceso.
Pero esta humillación no hubiera parado de no ser que el juez Primero Penal del Circuito (con función de conocimiento) de Pitalito lo condenó por estos hechos a 20 meses de prisión. El delito que se le endilgó fue acoso sexual agravado y por esta razón, adicionalmente a la pena principal, lo inhabilitaron para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El hostigamiento a la menor
Es que las pruebas y los testimonios fueron contundentes. Entre ellos se destaca lo que se refiere en los hechos de la denuncia. “Escalando aún más en el asedio de la menor, presionándola el acusado insistentemente para sostener relaciones sexuales con él, al punto de llegar al hostigamiento de la pequeña, pues además de incitarla con insistencia a verlo, a presenciar los besos que le enviaba a escuchar las palabras vulgares, soeces y de contenido sexual explícito, la obligaba a permanecer encerrada en el inmueble, pues si la menor salía al andén, el acusado desde su casa que queda contigua a la de la víctima, la abordaba e iniciaba sus insinuaciones sexuales”.
Ahí no paró su atrevida forma de ser con la niña. Se dice que, incluso, a altas horas de la noche cuando ella y sus abuelos descansaban se acercaba a la ventana y le gritaba a la infante que sería de él, “que tarde o temprano sería suya y por las buenas o por las malas tendrían sexo”.
El juzgador de primera instancia tuvo en cuenta el dictamen de la sicóloga Astrid Peña Tovar, quien luego de valorarla, se refirió a ella como una persona con una actitud “hipervigilante, aislada socialmente, con insomnio, sin confianza y con baja autoestima”.
Con este testimonio de la sicóloga coincidió la profesional de la misma área de la salud enviada por el ICBF, Carmen Aidé Tello; así como el Galeno Erwin Hernán Botina, profesional que la valoró el 11 de febrero de 2020, encontrándola afectada psicológicamente, pero sin realizarle verificación genital por la naturaleza de los hechos.
La madre del acusado, María Agustina Chávarro, advirtió que aunque desconocía las conductas de su hijo aseguró que consumía marihuana desde los 18 años y que había estado hospitalizado, y sufría de esquizofrenia. Para el juez esto no fue suficiente, pues la madre no acreditó en el juicio la enajenación mental que tenía su hijo.
La confirmación de una condena
La apelación se sustentó en deslegitimar lo que dijo la niña víctima y los testimonios de los abuelos. Sin embargo, la colegiatura no validó este cuestionamiento por hallar razón en los testimonios de los familiares de la menor víctima.
Dijo el Tribunal que la Defensa no presentó oposición alguna en relación con las acusaciones presentadas en los testimonios. “Por consiguiente, la entrevista rendida en vida por el señor Miguel Tovar bien puede apreciarse como prueba de referencia, tal como lo peticionó el Ente Persecutor y como permitió su incorporación la Juez de primera instancia”.
La violencia sexual contra los menores
Este año la Defensoría del Pueblo presentó el informe “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia”, allí se hace un análisis de este fenómeno social en nuestro país. De lo mencionado se destaca que en el Huila, según los casos de violencia sexual atendidos en el sistema de salud y reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), el Departamento del Huila porcentualmente es uno de los Departamentos con mayor número de casos, reportando 894 a corte de 2020, teniendo así una tasa de afectación del 24,45%.
Según el reporte, algunas de las consecuencias de este tipo de violencia son: embarazo temprano; trastornos alimenticios (bulimia nerviosa); desgarramiento o sangrados vaginales o anales; afectaciones de orden psicosomático; lesiones en la integridad física; cefaleas, fibromialgias y trastornos gastrointestinales; alto nivel de estrés y malestar; enfermedades de trasmisión sexual.
En lo que tiene que ver con las afectaciones emocionales de la violencia sexual está el aislamiento, introspección, dificultades de relacionamiento social y ansiedad social; como también bajos niveles de participación en actividades comunitarias.
Según el estudio de la Defensoría del pueblo la violencia sexual en menores y adolescentes no siempre implica un contacto físico, ni necesariamente tiene repercusiones en la dimensión física de las víctimas. Lo anterior fue confirmado por víctimas, quienes afirmaron que para poder identificar o comprender las consecuencias de la violencia sexual es necesario observar el comportamiento psicológico y social, más allá de señales visibles físicamente.
Más de 2000 denuncias de abuso
En un informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, se dio a conocer el complejo panorama que viven los menores de edad en el departamento del Huila.
De acuerdo con documento de la Seccional de Fiscalías en el Huila, entre los años 2019 a 2022, se recepcionaron 2 343 denuncias de abuso sexual en contra de niños y niñas del Departamento, donde en su gran mayoría, los abusadores son familiares o personas cercanas. Es más, dentro de los denunciados hay sacerdotes y pastores.
El año pasado, un portavoz de la Fiscalía en el Huila indicó que el año donde más denuncias se recibieron fue 2021, los demás se han documentado de la siguiente manera: 2019: 707 casos; 2020: 733 casos; 2021: 767 casos; 2022: 136 casos. De todos estos casos se han materializado 129 condenas, y 357 casos se han logrado esclarecer.
