Un juez envió a la cárcel para ser procesado por usurpación de funciones a un líder estudiantil de 52 años que lleva casi 33 años sin graduarse y que cobraba un jugoso salario del Estado como dirigente de las universidades públicas de Bolivia. Max Mendoza será enviado a prisión preventiva por seis meses mientras es investigado y procesado también por conducta antieconómica.
Max Mendoza es presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia desde 2018, el máximo cargo estudiantil, y antes ocupó otros puestos desde que ingresó a la universidad a inicios de 1990. Sin embargo, pese a que nunca se tituló de las varias carreras que cursó, aún permanece como delegado estudiantil ante esa instancia con un salario mensual equivalente a poco más de 3.000 dólares, diez veces el salario mínimo.
Entre tanto, el hombre primero estudió administración de empresas y lleva 25 años cursando la carrera de derecho, aunque una licenciatura dura cinco años en Bolivia. Según la investigación de la Fiscalía, él logró permanecer en el cargo con la excusa de la pandemia de COVID-19 que obligó a las universidades a dar clases virtuales durante dos años.
Es así como el caso llevó a la Fiscalía a investigar otras denuncias contra varios dirigentes universitarios que se han eternizado en los cargos para obtener ventajas económicas del presupuesto que el Estado otorga a las universidades públicas y que cada casa de estudios administra a su modo ya que por ley poseen autonomía. El caso salió a luz a principios de mes tras la muerte de cuatro jóvenes universitarias en una estampida humana durante una multitudinaria asamblea estudiantil en la sureña ciudad de Potosí. Una granada de gas explotó entre la multitud supuestamente activada por dirigentes que evitaban convocar a comicios.
Por último, Mex Mendoza fue señalado como uno de los promotores de la asamblea que buscaba favorecer a unos dirigentes leales. Además, la autonomía universitaria emergió de las luchas sociales en América Latina para evitar la intromisión del poder político. Cada año el Estado gasta unos 500 millones de dólares -el equivalente al 1,5 % del Producto Interno Bruto- en 15 universidades públicas en las que estudian unos 700.000 alumnos.
