Diario del Huila

¿Abogados vergonzantes?

May 14, 2024

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Por: Juanita Tovar

Colombia es un país con una sobrepoblación de abogados, como lo destaca un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia. Entre 1996 y 2022, se ha observado un marcado incremento en el número de abogados inscritos, alcanzando un total de 375,580 para el último año, situando a Colombia como uno de los líderes mundiales en densidad de abogados.

Con 728 abogados por cada 100,000 habitantes, según datos de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), Colombia muestra una presencia legal significativa en comparación con otros países. Este fenómeno plantea interrogantes sobre el sistema judicial, la formación académica y las oportunidades laborales en el ámbito legal en Colombia, pero principalmente cuestiona si estamos preparando abogados adecuados para enfrentar los desafíos actuales.

El informe también revela datos preocupantes sobre la calidad de la formación legal en el país. Apenas el 23% de los programas de pregrado en derecho ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior cuentan con la acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Esto significa que de los 196 programas existentes en las 114 universidades que ofrecen esta carrera, solo 46 cumplen con los estándares requeridos, mientras que el restante 77% posee únicamente un registro calificado.

Colombia se está convirtiendo en una fábrica de abogados masiva, donde la cantidad prevalece sobre la calidad y las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La formación legal tradicional se encuentra desfasada frente a las demandas de una sociedad cada vez más tecnológica y globalizada. La falta de énfasis en áreas emergentes del derecho, como el derecho de las tecnologías, deja a los profesionales colombianos rezagados en un mundo donde la innovación y la digitalización son imperativas.

La razón por la cual decidí escribir esta columna fue por el nombramiento de Luis Gustavo Moreno, el exzar anticorrupción que fue extraditado a Estados Unidos y purgó una condena por cobrarle plata a un exgobernador, y quien fue condenado por corrupción, pero que hoy es el abogado de Sneyder Pinilla Álvarez, el corrupto exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quien además anunció que contará, supuestamente, toda la verdad de la olla podrida por los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira.

Pero esta columna lo que quiere resaltar es que Luis Gustavo Moreno, quien fue condenado por corrupción, puede seguir ejerciendo su profesión como abogado, y la historia es muy sencilla, como todo en este país, porque a pesar de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sancionó a Moreno con la suspensión del ejercicio de sus funciones por tres años, la Comisión de Disciplina Judicial dejó prescribir ese caso en segunda instancia, y ¡oh sorpresa! el magistrado que dejó prescribir el caso es el hoy presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera, si señores, el mismo magistrado que tiene en su despacho la investigación contra el Fiscal Mario Burgos, por haber presuntamente filtrado el interrogatorio de Nicolás Petro.

Por esa razón , Gustavo Moreno, el condenado testigo del ‘cartel de la toga’ se encuentra litigando hoy en día, pese a que en 2016 fue nombrado fiscal anticorrupción y dos años después de ese nombramiento, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta situación, es necesario que las autoridades actúen para restaurar la integridad y el prestigio de la abogacía en Colombia. Los colegios de abogados y las instituciones judiciales deben promover una cultura de ética y responsabilidad, estableciendo mecanismos efectivos de supervisión y control. Más allá de medidas punitivas, se debe fomentar una reflexión sobre los valores fundamentales de la profesión, reafirmando el compromiso con la justicia, la honestidad y el servicio a la sociedad, porque casos como el del fiscal anticorrupción condenado por corrupción socavan la confianza en el sistema judicial.

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